En el Veracruz de Javier Duarte se alternaban dos realidades. Una, la de la abundancia, en la que el gobernador podía enviar “un helicóptero por unas tortas” –aun cuando la hora de vuelo costara 25 mil pesos–, ir a un restaurante y pagar una cena de 300 mil pesos o rentar 15 suites de lujo en España, para un viaje de titulación, por módicos 15 millones de pesos. ¿Por qué no un bonito anillo para Karime?, sin importar que costara 120 mil… dólares. Había más dinero del que se podía gastar.

La otra, la de la carencia. No había recursos para pagarles a maestros, burócratas ni jubilados. Hubo que hacer sacrificios y quedarse con los fondos de los municipios. Lo de los desaparecidos, qué pena y qué desgracia, pero eso de tomarles muestras de ADN a los familiares es imposible, no alcanza. ¿Dinero para patrullas? Ni soñando. Además, se les debían 40 mil millones de pesos a los bancos.

En la realidad de la abundancia –en la que estaban instalados Duarte, sus amigos, familiares y excolaboradores, es decir, sus cómplices–, Veracruz era uno de los estados más seguros del país. Los Zetas habían desaparecido y los únicos delitos que se cometían eran robos de “frutsis y pingüinos”. El estado era sinónimo de libertad de expresión, todos podían decir lo que quisieran. ¿Que a veces asesinaran o desaparecieran a algunos reporteros? Ok… pero eran las “manzanas podridas del árbol”.

En la realidad de la carencia –la de todos los demás millones de veracruzanos–, los desaparecidos y los homicidios se contaban por centenares, aunque el gobierno manipulara las cifras y los cuerpos se escondieran bajo tierra, en fosas clandestinas, con todo y la complicidad de los policías. En efecto, cualquier ciudadano podía decir o publicar lo que quisiera, pero debía atenerse a las consecuencias. La libertad de expresión era una zona de riesgo.

En el mundo de Duarte –el que describió en su declaración patrimonial– ni él ni su esposa tenían propiedades en el extranjero y su único patrimonio eran dos casitas, una en Córdoba y otra en el centro del puerto. En el mundo de todos los demás, el matrimonio poseía un imperio inmobiliario que se extiende por 12 ciudades y supera los mil millones de pesos.

Ninguno de los ejemplos anteriores es una exageración o un invento. Son, eso sí, botones de muestra del Veracruz de Javier Duarte… el de los excesos. Su gobierno o, mejor dicho, su círculo de familiares, cómplices y amigos, gastaba de forma obscena mientras el estado se sumergía en la quiebra.

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Un exsecretario de Finanzas de la administración de Duarte explicó, bajo condición de anonimato, que en Veracruz había un “gobierno paralelo” compuesto por tres círculos, y que los integrantes de esos círculos fueron en buena medida corresponsables de la emergencia financiera y política en la que terminó sumergido el estado.

“Era como el infierno, pero de Duarte”, le dijo este reportero al exfuncionario, quien
El “gobierno paralelo” lo integraba la red de cómplices de Duarte, de la cual formaban parte figuras nacionales como José Murat y Enrique Jackson, y locales como Érick Lagos, Alberto Silva Ramos, Édgar Spinoso, Marco Antonio Aguilar Yunes, José Carvallo Delfín, Adolfo Mota, Noemí Guzmán, Antonio Tarek Abdalá, Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo, Ricardo Sandoval y Gabriel Deantes.

Otro de los grupos estaba formado por familiares y amigos íntimos. Ahí estaban Karime Macías y parte de su familia, como Brenda Tubilla. En este círculo también estaba su amigo y principal prestanombres, Moisés Mansur Cysneiros –presunto coordinador de los desvíos a través de una red de prestanombres, empresas fachada y abogados–, y los empresarios Jaime Porres Bueno y José Francisco García González –cuya esposa remodeló la hacienda El Faunito, adquirida vía prestanombres por el exgobernador.

El último grupo lo integraban los empresarios y socios favoritos de Duarte. Aquí se ubicaban, según el exfuncionario duartista, Rolando Reyes Kuri, agente aduanal; su hermano Javier García Kuri, que era un constructor contratista; Enrique Cházaro Mabarak, empresario gasero, fundador de Gas Mabarak S.A.; y Manolo Ruiz Falcón, arquitecto favorecido con proyectos. Todas estas personas se encontraban, por ejemplo, entre los invitados del exgobernador de Veracruz a la ya descrita Feria de Sevilla entre abril y mayo de 2014.

Aunque Javier Duarte está preso, las figuras clave que le ayudaron y se beneficiaron de las operaciones ilegales duermen tranquilos. El único de los ya mencionados que está acusado penalmente y con orden de aprehensión vigente –al menos hasta septiembre de este año–, es Moisés Mansur Cysneiros, autoexiliado en Canadá junto con su familia, en una ubicación ya conocida tanto por el actual gobierno de Veracruz como por la PGR.

(…) Quien no ha cooperado para nada con las autoridades, pero inexplicablemente no ha sido siquiera citada a declarar como testigo, es Karime Macías. Desde 2016 las autoridades federales y locales tienen pruebas de que ella participaba de forma activa en las operaciones de lavado de dinero y que gozaba ampliamente de las propiedades adquiridas con dichos recursos.

Luego de la detención y encarcelamiento de Duarte la presión pública sobre las autoridades se ha incrementado para que actúen sobre Karime Macías. El subprocurador de Delincuencia Organizada declaró a esta investigación, en una entrevista sostenida en agosto de 2017, que estaban esperando el “momento oportuno” para proceder. Por lo menos hasta principios de octubre de 2017 ese “momento oportuno” no se ha presentado.

(…) El velo de impunidad ha cubierto no sólo a Karime, sino también a sus familiares, quienes fungieron como prestanombres y se enriquecieron ilícitamente.

Entre los presuntos cómplices que colaboraron con Duarte en las operaciones irregulares merecen mención especial sus exfuncionarios. Entre todos ellos destaca el hoy diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad.