Más de 500 taxistas de la región Orizaba-Córdoba se manifestaron en el municipio de Córdoba en contra del gobierno del estado. La caravana salió de Orizaba y se congregó con sus compañeros de Córdoba sobre el boulevard Tratados de Córdoba, para enfilarse al parque 21 de Mayo.

Jairo Guarneros Sosa, asesor de los ruleteros, dijo que le exigen al gobierno del estado a que tome una determinación de qué es lo que se hará con el Programa de Reordenamiento del Transporte Público que dejó inconcluso el exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, pues hay pagos que ahora superan los cobros del gobierno anterior.

Por ejemplo, el del Tarjetón, que hoy supera los mil 200 pesos y ni siquiera se los entregan.

Los inconformes se plantaron a fuera de las oficinas regionales de Transporte Público en demanda de que sean atendidos.

“Pedimos que sea consecuente el resolver la situación de miles de compañeros en todo el estado que no pudieron irse al reglamento, por una empresa particular que no tenían conocimiento y sin fundamento legal, algunos por los poderes notariales y otros porque estaban en un proceso testamentario, por lo mismo no podían y otro tanto por consejo de la misma dirección cayeron en un proceso de transferencia de derechos, que al final, los dejaron empantanados y otro por cuestiones económicas porque era muy alto, no estaban pidiendo, sino exigiendo entrar al reglamento".

De la misma manera hizo un llamado a que se brinde seguridad, pues van más de 100 taxistas secuestrados en la región de Orizaba y otros más de la región de Córdoba.

"Ha habido muchos robos de los compañeros, el año pasado casi era uno por día en toda la región y vemos que hay mucha pasividad de parte de las autoridades y que en lugar de reconocer que no tienen capacidad, le echan la culpa al gremio diciendo que eran delincuentes".

En abril de 2018, en el inicio del Ilamado Reordenamiento y Regularización del Transporte del Servicio de Transporte Público en todas las modalidades y submodalidades, se manifestó que sería un rotundo fracaso, ya que se había concesionado a una empresa particular sin conocimiento alguno sobre el tema de transporte, como por las contradicciones, vacios y disposiciones que sustentaba.

"Se deben revisar las órdenes de pago que el gobierno de Javier Duarte indebida e irregularmente había expedido, todo lo que señalamos con el tiempo se convirtió en una realidad que vino a profundizar el desastre que ya de por si había dentro del Transporte Público; entre 60 y 70 mil concesionarios en todo el estado calculamos se quedaron fuera.

Señaló que "hasta ahora hay quienes cumplieron en tiempo y forma con el reordenamiento y a pesar de eso aún no cuentan con su refrendo o siguen esperando su orden de emplacamiento, por el cual podrían pagar mucho más de los 250 salarios mínimos que tuvieron que pagar en su momento por los derechos de su concesión, lo que es no solo absurdo, sino aberrante", concluyó.