La Secretaría de la Función Pública tiene abiertos, de momento y en investigación, nueve expedientes de servidores públicos presuntamente vinculados con actividades de Odebrecht en los que se está haciendo un comparativo de su patrimonio con sus ingresos y en caso de que haya inconsistencias, se procederá a presentar denuncias.

“En caso de que esos servidores públicos no acrediten las inconsistencias en el incremento de su patrimonio, respecto de sus ingresos en el cargo público, se realizarán las denuncias que correspondan ante la PGR, para que se investiguen las probables conductas delictivas”, detalló el Presidente de la República en sus respuestas por el 5to Informe de Gobierno.

En esta investigación, también informó que la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha solicitado siete asistencias jurídicas internacionales a Brasil para pedir información diversa y documentación, así como para obtener entrevistas de tres funcionarios de la empresa Odebrecht relacionados con los hechos.

También se efectuaron 12 solicitudes de asistencia jurídica internacional a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Suiza y Venezuela, de las cuales se han desahogado solamente tres.

Al momento, la Procuraduría obtuvo tres entrevistas de funcionarios de alto nivel de la empresa Odebrecht en Brasil y tres radicados en México.

La dependencia informó que recabaron las entrevistas de 19 servidores públicos de Pemex (siete jubilados, dos liquidados y 10 activos).

Se obtuvieron siete dictámenes periciales en materiales de fotografía, informática, audio, video y traducción.


Procesos administrativos.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, informó que, como resultado de las investigaciones del caso Odebrecht, se han iniciado ocho procedimientos administrativos: cuatro contra filiales de dicha empresa, dos contra sus representantes legales y dos contra servidores públicos de Pemex.

En los últimos días, la Secretaría de la Función Pública fue notificada de una suspensión definitiva concedida por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, con el objetivo de que no se emitan las resoluciones correspondientes en tres de los ocho procedimientos administrativos abiertos, “mismas que ya se tenían listas para ser notificadas”, pero se busca revertir esta decisión.

Respecto de dos de los cinco procedimientos restantes (uno instaurado contra una empresa filial de Odebrecht y uno contra un servidor público de Pemex Transformación Industrial), el pasado 8 de diciembre se emitieron las resoluciones respectivas, en las cuales se inhabilitó a la empresa para participar y contratar por un periodo de cuatro años en contraprestaciones públicas y al servidor público se le destituyó e inhabilitó por 10 años, además de que se le impuso una sanción económica por 119 millones de pesos.

Los otros tres procedimientos restantes continúan su curso y también se tienen identificados nuevos hallazgos que se están terminando de integrar.