Un total de 81 ex empleados de cuatro municipios y del gobierno de Veracruz presentaron una queja colectiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones a sus garantías, debido a que el estado mexicano no ha cumplido reiteradamente con sentencias laborales.

El documento presentado en Washington, Estados Unidos, con número de petición P-424-16 —que está en fase de admisibilidad— incluye pruebas en contra de autoridades de los municipios de Acayucan, Banderilla, Benito Juárez y Martínez de la Torre, además del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares por negarse a acatar resoluciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del estado.

La queja señala al gobernador por incumplimiento de laudos en las secretarías de Medio Ambiente, Turismo y Cinematografía, en la dirección de Prevención y Readaptación Social, así como en el Programa de la Oficina de Gobierno, y denuncia violaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El documento señala que el estado mexicano priva a las presuntas víctimas del derecho de lograr la satisfacción total de las resoluciones judiciales, tener protección contra el desempleo, derecho al trabajo en condiciones dignas, satisfacción total de las prestaciones a las que tienen derecho y el derecho a la no discriminación.


Negativa gubernamental.
En todos los casos, los ex empleados municipales y estatales ganaron los juicios mediante los cuales se ordenó su reinstalación, pago de salarios caídos y prestaciones.

EL UNIVERSAL dio a conocer ayer que el gobernador de Veracruz se ha negado en los últimos 12 meses, a acatar las sentencias del Tribunal de Conciliación y Arbitraje estatal e incluso de Juzgados de Distrito para reinstalar e indemnizar a cientos de trabajadores despedidos del Poder Ejecutivo estatal.

En al menos 60 juicios, los empleados dados de baja en la administración del priista Javier Duarte han logrado que se les dicte una resolución definitiva a su favor, donde se ordena su reinstalación, pago de salarios caídos y prestaciones, pero la administración de Yunes se niega a acatarlas.

La negativa a cumplir con dichas sentencias provocó que en el juicio de amparo indirecto número 219/2016, el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito ordenara al gobernador obligar a la Secretaría de Medio Ambiente estatal a cumplir el laudo, pero tampoco se atendió dicha resolución federal.
El despacho jurídico Viades, Llanes y Asociados ha solicitado reiteradamente al Juez de Distrito que inicie un incidente de inejecución ante la omisión del Ejecutivo estatal al Tribunal Colegiado de Circuito para que formule un proyecto de separación del cargo de Yunes, el cual podría llegar a la Suprema Corte.

Desde el 1 de diciembre de 2016 cuando Yunes tomó protesta como gobernador, suman al menos 3 mil trabajadores despedidos —según consultas realizadas con sindicatos—, algunos de los cuales también emprendieron juicios laborales.

En documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la administración estatal argumenta que su negativa a cubrir con esos laudos se debe a que “el estado atraviesa una situación financiera crítica, que se resume en falta de liquidez”. Pero la Segunda Sala de la Corte emitió la jurisprudencia 85/2011, en la que determinó que el estado es dogmáticamente solvente, de tal forma que no se puede negar a pagar con la excusa de que no tiene dinero.