Con la creación de la Guardia Nacional, impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aumenta el riesgo de que se recurra a la tortura, advierte el diagnóstico de un grupo de organizaciones civiles nacionales e internacionales.

El informe presentado ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, el cual evaluará esta semana a México en Ginebra, Suiza, es suscrito por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), entre otras.

"En los últimos meses, el Gobierno federal y el Congreso de la Unión han avanzado dos propuestas que tendrían el efecto de aumentar el riesgo de ser víctima de tortura y otras violaciones a derechos humanos: la creación de una Guardia Nacional militarizada y el aumento de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa", alertan en el documento.

Según el análisis, de 204 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entre 2006 y 2017 por tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, en el 68.7 por ciento se identifica a las Fuerzas Armadas como responsables.

"De las mismas 204 recomendaciones, 148 documentan actos de tortura, que suman un total de 527 víctimas", detallan.

"De las 527 víctimas que fueron sometidas a tortura, 252 personas fueron torturadas al interior de instalaciones militares —cuarteles, bases o campamentos”.

Las organizaciones subrayan que, desde la visita del Relator Especial sobre la Tortura de la ONU en 2014, diferentes organismos internacionales han recomendado el retiro del Ejército y la Marina de las tareas de seguridad.

"Contrario a estas y otras recomendaciones internacionales, y ante la evidencia sobre el impacto de la militarización en la violencia y las graves violaciones a derechos humanos, el modelo propuesto por la actual Administración federal ha sido la creación de una Guardia Nacional militarizada para realizar tareas de seguridad pública", critican.

En el rubro de impunidad, destacan que la fiscalía especializada de la Fiscalía General de la República informó en febrero de 2018 que de 8 mil 335 investigaciones por tortura sólo había ejercido acción penal en 17 casos.

Además de que la mitad de los 32 estados no han creado sus fiscalías especializadas para indagar tortura, aunque hace año y medio venció el plazo que establece la ley general en la materia.

El informe también resalta la importancia de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) para documentar la tortura en México, por lo que los firmantes reprochan que en enero pasado se anunciara su suspensión.

Sobre la prisión preventiva oficiosa, las organizaciones civiles señalan que es alarmante por violar la presunción de inocencia y el debido proceso.

El documento será considerado por los expertos de la ONU en el examen que realizarán a México.
Piden garantizar peritos independientes
Uno de los principales obstáculos al tratar de comprobar que una persona fue torturada por alguna autoridad es la falta de independencia de los peritos que terminan por manipular las pruebas aplicadas a la víctima, advierten especialistas y defensores de derechos humanos.

Por ello, consideran necesario que el Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT) exhorte al Estado mexicano a garantizar la independencia de los médicos y psicólogos que aplican las pruebas del Protocolo de Estambul, que sirve como guía para identificar la tortura.

"La experiencia nos ha demostrado que los peritos oficiales no tienen los suficientes conocimientos técnicos, pero también que están viciados en cuanto a su independencia e imparcialidad", alertó Natalia Pérez, investigadora del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar.

"En ocasiones, por ejemplo, son peritos de la Fiscalía (General de la República) haciendo una prueba para demostrar la responsabilidad de otra persona que también pertenece a la Fiscalía, entonces, son juez y parte".

Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Idheas, reprochó que aunque la ley general sobre tortura reconoce el derecho de las víctimas a presentar un peritaje independiente, en la práctica esos no son considerados válidos.

"La evaluación ante el CAT es una oportunidad para pedirle al comité que exhorte al Estado para que implemente un proceso de capacitación y certificación de los peritos, pero que no dependa de la misma Fiscalía General”.

Idheas representa a Nancy Saavedra, una mujer que fue torturada en Ecatepec por agentes del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México, en cuyo caso el Ministerio Público del Estado se negó a reconocer un peritaje independiente.