El gobierno federal no ha definido una estrategia para atender la situación en el Alto Golfo de California, en donde prolifera la pesca ilegal, muere la vaquita marina víctima de esa actividad y se han suspendido los apoyos a los pescadores regulares que tienen prohibido salir al mar.

Tras la cancelación de los apoyos a pescadores del Alto Golfo de California, Diego Ruiz Sabio, director operativo del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar —que también realiza acciones de conservación—, consideró que las compensaciones sociales a pescadores no resolvían el problema de fondo, pero la cancelación de éste debe de ir acompañada de un programas de pesca alternativa en la región que, a la fecha, no existe.

El número de vaquitas marinas, especie endémica de México, se ha reducido en los últimos años debido a la pesca ilegal de la totoaba, un pez cuya vejiga es cotizada hasta en 100 mil dólares por kilogramo en Asia, de acuerdo con expertos del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA).

Esta situación provocó que en 2015, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto decretara una veda total en la zona donde habita la vaquita marina, para evitar su extinción.

“Ahorita que está la restricción, (el Alto Golfo de California) está lleno de lanchas … si hubiera una pesca sensata se podrían hacer muchísimas cosas, inclusive con el tema de la totoaba”, dijo el directivo sobre la prohibición de redes de enmalle y agalleras.

Ruiz Sabio reconoció que hay constante comunicación con el gobierno federal sobre la situación de la vaquita marina, sin embargo, dice, “la estrategia final no la sabemos y no sabemos cuál es la línea”.

En tanto, los pescadores regulados exigieron al gobierno federal que se les presente una alternativa de pesca “comprobada comercialmente” que les permita sustituir el tipo de redes (que ponen en riesgo a las especies del Alto Golfo de California), para mantener una fuente de ingresos.

Sin embargo, han insistido en que sus técnicas de pesca no son las responsables de las muertes de vaquita, sino las que son operadas por la actividad ilegal.

“El problema no es la red de enmalle como tal, la red es el modelo…el problema no éramos nosotros, eso es lo que nosotros siempre hablamos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la intención de la veda era precisamente eso, demostrarle que nosotros no éramos los que estábamos matando a las vaquitas y se comprobó en el momento en que detuvimos la pesca en 2015”, explicó Alonso García, secretario de la federación de pescadores ribereños del puerto de San Felipe, en Baja California.

Para Diego Ruiz, el gobierno federal debe tomar en cuenta la situación de los pescadores comerciales, el embargo del gobierno de Estados Unidos a productos de pesca del Alto Golfo de California, y las condiciones en las que mueren las vaquitas marinas, antes de lanzar una nueva estrategia.

También mencionó que entre diciembre y mayo se intensifica la pesca de totoaba, por lo que el Museo de la Ballena continuará con la extracción de redes fantasma y redes activas en la zona del polígono de la vaquita.

Más muertes de vaquitas
Jorge Urbán, integrante del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA) publicó el pasado 6 de marzo que no más de 22 vaquitas marinas estuvieron presentes durante el verano del 2018, por lo que se reducía la esperanza de su conservación en la actual administración federal.

Apenas este 13 de marzo, el equipo de la organización Sea Shepherd México, quien tiene mantiene acciones de conservación en esta zona del Alto Golfo de California, encontró el cuerpo de una vaquita marina sin cabeza y en avanzado estado de descomposición.

Este mismo día, federaciones de pescadores de Baja California y Sonora advirtieron que volverán a retomar sus actividades comerciales —pese a la veda— el próximo 22 de marzo, si el gobierno no paga los subsidios prometidos.

Con el reciente hallazgo, suman al menos 10 vaquitas muertas documentadas por las autoridades desde 2016.

De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en 2016 se hallaron dos ejemplares sin vida; seis casos en 2017 y uno más en abril de 2018.

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