La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia prometía un enfoque de justicia para las mujeres. El Congreso y Gabinete paritario fueron las primeras buenas señales de una gestión con esta perspectiva; sin embargo, a tres meses de su arribo, académicas y activistas consideran que la agenda de igualdad de género no ha sido una prioridad y que, por el contrario, las acciones tomadas han sido “torpes y omisas”.

Cada día mueren en México nueve mujeres víctimas de la violencia feminicida y a pesar de que el reclamo por la garantía de seguridad para las mujeres se ha incrementado, el Presidente ha tenido pocas manifestaciones respecto al tema. Este miércoles, el Gobierno de México presentó un plan integral para frenar la violencia contra las mujeres, y aseguró que se mantendrán abiertos los refugios para víctimas de violencia de género.

“66 de cada 100 mujeres sufren violencia en nuestro país de parte de la pareja, un familiar, el esposo, un compañero de escuela o trabajo, una autoridad o personas extrañas”, lamentó la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, desde Palacio Nacional.

En la conferencia de prensa matutina y acompañada del Presidente, la Secretaria lamentó los 3 mil 580 feminicidios de 2018.

Cecile Lachenal, coordinadora de programa de género de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sostuvo que aunque se han concretado algunas señales positivas a, otras han significa favor de las mujeres, otras han sido un retroceso en la materia.

“Desde el inicio de su campaña y ahora con pocos días de la implementación del programa del Presidente, notamos que la agenda de derechos de las mujeres no está. La perspectiva de género del Gobierno federal no es algo anunciado ni en el discurso, sin embargo, hemos visto algunas señales positivas en la distribución del presupuesto y a su vez otros desaciertos como la cancelación del programa de estancias infantiles y la reducción de presupuesto para la funciones de Conavim”, aseveró la académica.

En el mes de febrero se anunció el recorte al programa de estancias infantiles. En su lugar se brindarán apoyos directos a los abuelos para el cuidado y la crianza de los niños. La medida generó descontento entre las beneficiarias de este programa e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que alertó sobre cómo esto podría representar un escalafón menos en la construcción de la igualdad de género.

Julia Escalante, coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), sostiene que este Gobierno ha demostrado un desprecio hacia la agenda de género poniendo en riesgo las garantías que se han ganado en los últimos años.

“El cambio significó un momento de oportunidad y expectativa confiando en el reposicionamiento de personajes progresistas en posiciones estratégicas, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero y otras. Sin embargo, en los primeros 100 días se ha mostrado el desprecio de este gobierno por la agenda de género, la cercanía de AMLO con la agenda anti derechos y con personajes vinculados a grupos evangélicos en espacios clave. Desde la construcción del presupuesto sentimos el riesgo de eliminación de unidades de género, estancias infantiles, refugios, proyectos de coinversión y fortalecimiento de las OCS. La agenda de igualdad de género no pasa por las prioridades de este gobierno. Sin duda son retrocesos a los avances que se han logrado en los últimos 20 años, que medianamente se habían institucionalizado, que aún son perfectibles, pero igualmente necesario”, aseveró.

Aunque algunas de las acciones han sido señaladas por las especialistas como retrocesos, la presentación del nuevo plan para garantizar la integralidad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México ha modificado la percepción de los colectivos de mujeres que continúan expectantes ante los nuevos cambios.

El plan considera diferentes accionas coordinadas en zonas prioritarias con el fin de prevenir el aumento en los feminicidios y las desapariciones. Asimismo, ofrece el fortalecimiento de la coordinación de cooperaciones de seguridad, fiscalías y personal de salud para ofrecer atención a víctimas. También contempla campañas permanentes para la erradicación de la violencia.

El anuncio fue hecho por Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación y Nadine Gassman, nueva titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); dos figuras en las que las mujeres han fijado la esperanza de continuar por un camino progresista.

EL DISCURSO AUSENTE

En mayo del 2018, integrantes del nuevo gobierno, entre ellas Olga Sánchez Cordero, actual Secretaría de Gobernación, Josefa González Blanco, Secretaria de Medio Ambiente, y Tatiana Clouthier, Diputada federal de Morena, presentaron el programa “Femsplaning: Hablemos nosotras”, con el que se hacía un diagnóstico de las diferentes realidades de las mujeres y se presentaban algunas propuestas para combatirlos.

Desde entonces, Olga Sánchez se convirtió en una de las promotoras de dicha agenda. En octubre, la exministra de la Suprema Corte de Justicia se posicionó a favor del tema del aborto, una demanda que las mujeres están sosteniendo en las manifestaciones callejeras. A la par de estas actitudes progresistas, el Presidente López Obrador recibía severas críticas por las actitudes demostradas frente a periodistas a quienes llamaba “corazoncitos” y besaba mientras estas hacían su trabajo. Desde estas manifestaciones surgió la duda entre los colectivos de mujeres sobre la postura que tomaría el Ejecutivo federal ante la violencia feminicida.

Como Presidente han sido pocas las ocasiones en las que se ha referido al feminicidio. El 5 de diciembre fue cuestionado por SinEmbargo durante la conferencia matutina sobre el tema, sin que este lo tocara de manera directa.

Fue hasta el 29 de enero, después del asesinato de una menor de edad en el Estado de México, cuando se pronunció por la garantía de seguridad para las mujeres.

Al presentar el proyecto de Egresos de la Federación 2019 se pretendía eliminar del Anexo 13 –de erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres- el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, además de otros programas que lograron quedarse gracias a la protesta de las mujeres, pero que sufrieron grandes recortes.

A pesar de haberse presentado durante la campaña como el único candidato con una agenda concreta para esta población, hasta el momento son pocas las acciones que se han concretado. El nombramiento de la dirección del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) llegó a casi un año de que se desocupara el puesto, mientras que el de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia Contra las mujeres (Conavim) continúa pendiente.

Anayeli Garrido, asesora jurídica del Observatorio Nacional contra el Feminicidio, reconoce que aún “estamos a la espera de que las acciones al menos en el tema de derechos humanos de las mujeres tengan ya un efecto no sólo en el papel si no en los hechos”, sin embargo, confía en que el retraso en dichas determinaciones signifique avances concretos en congruencia con los perfiles de las mujeres que ocupan puestos administrativos en el gobierno.

“El reciente nombramiento de Nadine Gassman como Presidenta del Inmujeres y el perfil que tienen las mujeres en el poder son en sí mismo un mensaje y es muy importante. Eso responde un poco a si se está resolviendo al interés. Las mujeres que están integrándose a estos cargos son mujeres feministas que han trabajado contra la violencia y contra la violencia feminicida. Seguimos a la espera de que de un plan de acción para el tema de feminicidios, un tema que el Gobierno federal tiene que considerar de manera urgente.

Como sociedad civil hemos aportado en el análisis, acompañamiento y tipificación del feminicidio y esperamos que esas acciones se vean recuperadas por las mujeres en el poder para que puedan seguir replicando. En estos días sí hemos visto acciones, pero no las hemos visto materializadas porque aún existen enormes lagunas legislativas que se tienen que recuperar”, aseveró.

AUMENTAN DELITOS CONTRA MUJERES

Mientras el discurso sobre las mujeres continúa sin estar dentro de las prioridades, son ellas las que padecen las agresiones. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el mes de enero del 2019 se registraron un total de 8 mil 180 delitos del fuero común dirigidos hacia esta población.

Las lesiones dolosas ocuparon el primer puesto en los delitos cometidos contra las mujeres con un 57.92 por ciento, seguido de las lesiones culposas con un 17.99 por ciento; otros delitos que atentan contra la libertad de las personal con un 8.33 por ciento; el homicidio culposo con un 3.04 por ciento; el homicidio doloso con un 2.08 por ciento; la trata de personas y la corrupción con un índice un poco mayor al 1 por ciento, y el feminicidio con un 0.92 por ciento, lo que representa un total de 70 asesinatos por razones de género.

Desde el 2012 se ha impulsado la tipificación del feminicidio como delito en el Código Penal Federal, sin embargo, instituciones como el Observatorio Nacional del Feminicidio ha destacado que sólo 19 estados cumplen con los elementos normativos necesarios para avalar el delito, por lo que la cifra suele sumarse a la de homicidios dolosos. En esta lógica, la muerte violenta e intencionada de mujeres representó el 3 por ciento del total de delitos.
Un total de 229 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso en enero de 2019, la cifra disminuyó un par de unidades con relación al mes anterior en el que se presentaron 280 homicidios, el punto más alto del 2018.

La cifra, que parece mínima, ha ido en aumento en los últimos años. En el 2015 la cifra total de feminicidios fue de 407; en el 2016 de 585, en el 2017 creció hasta 736 para llegar a 2018 con 845. También se han registrado incrementos en los homicidios dolosos. En el 2015 la cifra total era de mil 737; en el 2016 el incremento alcanzó las 2 mil 204 víctimas; en 2017 la cifra total fue de 2 mil 536; en el 2018 ascendió a 2 mil 734.

Se observa un aumento en los asesinatos de mujeres al realizar el comparativo con enero del año pasado. En el primer mes de 2018 se contabilizaron 67 feminicidios y 210 homicidios dolosos, mientras que en enero del 2019 la suma de ambos delitos fue de 299.

Durante el mes de enero una serie de testimonios realizados en redes sociales alertó sobre el aumento del secuestro de mujeres. Fue en la Ciudad de México donde empezó un movimiento de protesta que denunció técnicas como el “Cálmate, mi amor” en la que el secuestrador haciéndose pasar por pareja de la víctima obliga a las jóvenes a retirarse del brazo con él, sin que ésta pueda pedir auxilio.

Al revisar las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública se observa que en los últimos cuatro años la cifra de secuestro ha sido contante, en el 2015 el total de eventos fue de 342 y en el el 2018 de 300. Durante el primer mes de enero se registraron 42 secuestros, 16 de los casos ocurrieron en Veracruz; seis en la Ciudad de México, cuatro en el Estado de México; tres en Nayarit; dos en los estados de Guerrero, Puebla y San Luis Potosí, y uno en los estados de Chiapas, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas.

RETROCESOS EN EL PRESUPUESTO

En opinión de las expertas, la distribución del presupuesto es un buen indicador de las prioridades de gobierno. En el caso de las mujeres los distintos presupuestos relacionados con su seguridad dan indicios tanto de avance como de retroceso.

El primer enfrentamiento que tuvieron los colectivos con el gobierno fue cuando se pretendió reducir el presupuesto del Anexo 13 de la igualdad entre hombre y mujeres. La propuesta no logró avanzar debido a la oposición sostenida al interior exterior de las cámaras legislativas. Sin embargo, otros ramos sí sufrieron recortes.

El ramo 12 de salud que se refiere al presupuesto del Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva tuvo una disminución del 5.89 por ciento en este 2019. Pasó de 2 mil 456 millones 639 mil 512 pesos a 2 mil 312 millones 017 mil 042 pesos. Asimismo, a la unidad responsable de utilizar la mayor parte de los recursos, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se le etiquetó un gasto de 2 mil 199 millones 240 mil 797 pesos, lo que es 1.08 por ciento menor a lo recibido en el añ0 2018, que era 2 mil 223 millones 340 mil 511 pesos.

Lachenal explicó que dichos recortes se encuentran al margen de la política de austeridad del Gobierno federal, ya que en el impacto más fuerte de la disminución recae en los Servicios personales.

Otras reducciones relevantes analizadas por la investigadora son las que enfrentarán el Inmujeres y la Conavim. El presupuesto del Inmujeres disminuye pasando de 821 millones 733 mil 612 pesos a 802 millones 641 mil 157.

Por su parte, la reducción económica para Conavim fue del 30 por ciento. El presupuesto del 2018 era de 266 millones 148 mil 881 pesos, mientras que el de 2019 es de 184,328,151, una diferencia de 81,820,730 pesos.

EN ALERTA POR RECORTES

El anuncio del recorte al presupuesto para las estancias infantiles ha sido el más alarmante de la política de bienestar propuesta por el Jefe del Ejecutivo.

Organizaciones como Fondo Semillas, Católicas por el Derecho a Decidir, Equis Justicia para las Mujeres, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre otras, han denunciado que esta medida imposibilita a las mujeres conciliar su vida personal y laboral.

En opinión de las expertas, el problema de estas medidas es que, además de que se reproducen estereotipos de género, se deja sin alternativas a las mujeres porque existen otros modelos de cuidado que no impliquen el uso total de su tiempo.

“El recorte más preocupante es el de las instancias infantiles, de hecho, el programa ha sido cancelado, lo que ha generado bastante ruido. Aquí hay dos cosas, la cancelación en sí del programa y la ausencia de una revisión. Se cancela primero un programa con una alternativa de apoyo directo a las familias o a las madres, lo que perpetúa los roles de género, sin hacer una revisión al modelo de cuidado, así como una política integral de conciliación de la vida laboral y la vida personal que no coloque en el centro este modelo de cuidados”, afirmó Cecile Lachenal.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) fue una de las instituciones que se opuso a dicho recorte. Una evaluación realizada por el organismo reveló que el Programa de Estancias Infantiles (PEI) tiene efectos positivos en la situación laboral de la madre, ya que existe un aumento del 18 por ciento en la probabilidad de que ésta encuentre empleo.

En su Ficha de Monitoreo 2017-2018 especifica que la cobertura de este programa alcanza al grupo de madres de 15 años o más, con hijas e hijos entre los 1 y 4 años, sin acceso a seguridad social y con ingresos calculados per cápita por debajo de la línea de bienestar. En el 2017, alrededor de 300 mil 433 mujeres fueron beneficiadas con este programa, además de otros 10 mil 535 hombres; lo que apenas representa el cuatro por ciento del total de las atenciones.

El gobierno ha ofrecido como alternativa la entrega de apoyos directos a los abuelos encargados del cuidado, una medida que recae directamente sobre las mujeres. El informe “La pieza faltante”, elaborado por el GIRE, indica que del total de niños y niñas entre 0 y 6 años de edad que no son cuidados por sus padres o sus madres, el 51.2 por ciento son cuidados por las abuelas, mientras que 11.3 asisten a las instancias infantiles o guarderías públicas, 4.3 asisten a guarderías privadas y 33.2 se encuentran bajo el cuidado de otras personas.

LOS REFUGIOS DE VIOLENCIA

El 22 de febrero, el Gobierno federal anunció la cancelación de convocatoria para la Red Nacional de Refugios dirigida a instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. El rechazo de esta medida surgió de manera inmediata, ya que estos refugios ofrecen servicios especializados y de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos.

La suspensión de la convocatoria fue cancelada por el mismo gobierno y aplaudida por las organizaciones de la sociedad civil. Pocos días después se produciría una nueva confrontación. El 1 de marzo, Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social de Presidencia, anunció que los refugios serían cancelados para entregar apoyos directos a las mujeres violentadas.

La medida provocó la molestia de académicas, legisladoras y defensoras de los derechos de las mujeres que alegaban que esta era una medida que no podía garantizar la seguridad de las mujeres. La protesta provocó que el mismo Jesús Ramírez anunciará que se estaba analizando cómo proceder desde la Secretaría de Gobernación.

En opinión de Cecile Lachenal esta clase de decisiones muestran un actuar torpe del gobierno, que aparentemente busca eximirse de la responsabilidad que tiene en la protección y vulneración de las mujeres:

“Se ve un actuar torpe del gobierno que da pasos y luego se echa para atrás (…) Esos refugios existen y actúan porque muchas instituciones del Estado han fallado antes. Ha fallado la policía, el Ministerio Público al acompañar las denuncias de las mujeres, ha fallado el Sistema de Salud al detectar, acompañar y canalizar a las mujeres. Ahí tenemos una situación de extrema vulnerabilidad y es un programa extremadamente necesario en un país donde los números de la ONU dicen que son 9 mujeres al día asesinadas por razón de género.

“Estas obligaciones del Estado no son transferibles. No se puede transferir la responsabilidad del Estado de otorgar protección a las mujeres. Eso es totalmente contradictorio a los derechos humanos y a todas las obligaciones que tiene México”.

En un reporte entregado por la Red Nacional de Refugios y Fundar ante el Comité de la Cedaw se especifica que en el 2018 “existían 40 Refugios y 37 Centros de Atención Externa para Mujeres víctimas de violencias y sus hijos e hijas. Del 2013 al 2018 estos refugios atendieron a más de 33 mil 072 mujeres, niñas y niños en situación de violencias.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, el promedio de los últimos cuatro años de lesiones dolosas dirigidas hacia las mujeres es de 57 mil 429. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Relaciones en los hogares (ENDIREH) 2016, el 66.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido al menos un tipo de violencia en su vida; el 49 por ciento de las encuestas afirmó haber padecido violencia emocional y otros 41 por ciento violencia sexual.

Las parejas de las víctimas son los principales agresores (43.9), sin embargo, el 78.6 por ciento de las mujeres violentadas por su pareja no solicitó ayuda por miedo a consecuencias o venganza.

El plan emergente para garantizar la seguridad de las mujeres, presentado por Nadine Gassman y Olga Sánchez Cordero, establece que los tres niveles de gobierno se encargarán de atender las recomendaciones internacionales e identificar las zonas de peligro para esta población.

Ambas aseveraron que los refugios para las mujeres se van a mantener, pero recuperaran como eje rector al Estado; además se buscará que exista este tipo de refugios en todos los municipios del país, ya que hasta ahora de los 90 existentes sólo 20 cumplen con todos los requisitos.