El 2 de diciembre, el segundo día del nuevo gobierno, se instaló el nuevo consejo de administración de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). Este consejo es presidido por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y nombró como Director General a Gerardo Ferrando. El mismo día se anunció, para sorpresa de muchos, que las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México seguirán hasta nuevo aviso a pesar de que como presidente electo Andrés Manuel López Obrador había anunciado su cancelación como resultado de la primera consulta popular de su gobierno.

El día siguiente, el mismo consejo anunció que a partir de ese mismo día y hasta el 2 de enero se emitirá una oferta de compra por hasta 1.8 mil millones de dólares de las notas preferentes. Estos anuncios han creado confusión, e incluso despertado la esperanza en algunos de que López Obrador dará marcha atrás en la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el NAIM.

Pero para entender todo este proceso y medir las consecuencias de las acciones del nuevo gobierno es fundamental entender la historia y estructura de este proyecto.

El GACM es una empresa de participación estatal mayoritaria. Esta empresa, constituida en 1998, es propietaria del Aeropuerto Benito Juárez, el AICM, del título de concesión del nuevo aeropuerto de Texcoco, el NAIM, y de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, la empresa operadora de ambos aeropuertos. Esta empresa del Estado fue constituida con el propósito de construir, administrar, operar y explotar el NAIM. Para construir el nuevo aeropuerto, el GACM levantó capital de diversas fuentes: un préstamo de Banobras por tres mil millones de dólares, 1.6 mil millones de dólares de la llamada Fibra E, principalmente de inversionistas mexicanos, y las notas preferentes.

En 2016 y 2017 GACM, el fideicomiso MEXCAT (Mexico City Airport Trust), cuyo único fideicomitente es GACM, emitió cuatro paquetes de bonos por un total de seis mil millones de dólares o alrededor de 120 mil millones de pesos al tipo de cambio actual. Fueron cuatro paquetes de bonos: dos con vencimiento a 10 años por mil millones de dólares cada uno; y dos con vencimiento a 30 años, uno por mil millones de dólares y uno por tres mil millones de dólares.

Estos bonos fueron emitidos con el único propósito de financiar la construcción del NAICM en Texcoco. El pago de los intereses y el principal de estos bonos estaba respaldado por el cobro de la TUA, una tarifa que se cobra en el precio del boleto a cada pasajero, del AICM actual y del proyecto del NAICM que serían transferidos al fideicomiso.

Estos bonos fueron colocados en los mercados internacionales y adquiridos en su mayoría por inversionistas extranjeros. Para este tipo de inversionista, un producto como las notas preferentes resultaba muy atractivo por su plazo y porque los ingresos estaban respaldados por un flujo de efectivo, la TUA, relativamente predecible de un proyecto altamente rentable.

De acuerdo con los prospectos de estos bonos, es decir el contrato entre GACM y los inversionistas, cualquier cambio al título de concesión o la cancelación de la obra en Texcoco constituye un “Evento de Incumplimiento”. Estos eventos, comúnmente conocidos como default, son las previsiones que se estipulan en este tipo de contratos para proteger a los inversionistas y que permiten a la empresa que los emite obtener una menor tasa de interés. En el caso de las notas preferentes de MEXCAT, los prospectos son muy claros: la cancelación de la obra en Texcoco constituye un evento de incumplimiento.

Ante un evento de incumplimiento, los prospectos especifican que, “si así lo instruyen por escrito los tenedores de por lo menos el 25% del monto de principal total de una serie de Notas vigentes en ese momento, mediante notificación por escrito al Emisor, declarará el saldo total de principal de todas las Notas de la serie inmediatamente vencida y pagadera”. Es decir, ante el anuncio oficial de la cancelación de la obra de Texcoco, el GACM está obligado a pagar a los tenedores de bonos el valor nominal de la deuda de forma inmediata, seis mil millones de dólares o 122,500 millones de pesos a la tasa de cambio del jueves 6 de diciembre.

Ésta es la razón por la que el domingo 2 de diciembre el Consejo de GACM no canceló de forma oficial la obra del nuevo aeropuerto. El anuncio de Andrés Manuel López Obrador en calidad de presidente electo sobre la cancelación, como resultado de la primera consulta ciudadana, no era oficial en términos legales. En ese momento, la autoridad competente era el gobierno del aún presidente Enrique Peña Nieto, que decidió seguir con la obra hasta el último día. Sin embargo, al tomar posesión el nuevo gobierno, un anuncio de cancelación de la obra por parte del Consejo de GACM sí constituiría un evento de incumplimiento y desencadenaría los eventos mencionados.

El 30 de octubre, el entonces director general de GACM, Federico Patiño, declaró que el fideicomiso MEXCAT contaba con 115 mil millones de pesos en caja y adeudos de 35 mil millones de pesos a Fibra E, 45 mil millones de pesos a contratistas además de las obligaciones de estos bonos. Hoy en día, la información sobre la liquidez del fideicomiso no es pública, pero con estos datos es obvio que MEXCAT no cuenta con los recursos para reembolsar a los tenedores de las notas preferentes más de 120 mil millones de pesos. No lo tiene porque estos bonos se iban a pagar con el cobro de la TUA de AICM –cinco años– y NAICM –25 años– durante los próximos 30 años. Ante este escenario, el nuevo gobierno se vería obligado a inyectar capital al fideicomiso con recursos del presupuesto de egresos del 2019. Técnicamente podría declarar insolvente al fideicomiso y no pagarlos, ya que en el contrato especifica que estos no están respaldados por el Estado mexicano.

Esto tendría consecuencias desastrosas para la economía mexicana al disparar las tasas de interés de la deuda soberana y otras empresas del Estado como Pemex o CFE. A pesar de no estar respaldados por el Estado mexicano estos bonos son considerados como semi-soberanos, omitir la obligación de pagarlos sentaría un mal precedente y reduciría la confianza de los inversionistas extranjeros en el nuevo gobierno. Esto tendría consecuencias casi inmediatas en muchos ámbitos. Por ejemplo, Pemex tiene vencimientos de deuda por casi 10 mil millones de pesos a finales de febrero, para los cuales tenía contemplado colocar deuda en enero. La tasa de fondeo de Pemex ha estado subiendo en los últimos meses, en febrero colocó deuda al 5.45% y en octubre al 6.5%. Una declaración de insolvencia de los bonos de MXCAT incrementaría el costo de fondeo de forma mucho más dramática. No pagar estas obligaciones eventualmente tendría un “efecto de contaminación” en toda la economía mexicana ya que tanto el Estado como las paraestatales y el sector privado se fondean en mercados internacionales. La minuta de la primera sesión del consejo de GACM deja claro que los acuerdos establecidos son para evitar esto.

Para evitar esta situación, al día siguiente de la instalación del nuevo consejo, el lunes 3 de diciembre, la SHCP anunció que “MEXCAT realizará una oferta pública de recompra en efectivo por una porción de los bonos y solicitará el consentimiento de los tenedores de los valores para hacer ciertas modificaciones a los convenios de emisión y otros documentos relacionados”. Esta oferta es por 1,800 millones de dólares y se realiza a través de una subasta holandesa empezando por una oferta de 90 centavos por dólar, adicionalmente se pagaría una prima por vender de cinco centavos por dólar y una prima de 0.75 centavos por aceptar las modificaciones a los convenios de emisión.

Esto funcionaría de la siguiente manera: el primer día MEXCAT haría una oferta de 90 centavos por cada dólar de deuda más cinco centavos de prima para un total de 95 centavos. Si no logra comprar los 1,800 millones de dólares que planteo como objetivo el primer día, al día siguiente haría una oferta mayor, probablemente de 91 centavos más cinco centavos, y así sucesivamente cada día hasta gastar los 1,800 millones de dólares. Por otra parte, ofrece 0.75 centavos por dólar de deuda para modificar los convenios de los bonos. Aunque la oferta de cambios es confidencial, se especula que estos cambios son para evitar el evento de incumplimiento ante la cancelación de la obra en Texcoco.

El miércoles 5 de diciembre, un grupo de tenedores de bonos, que asegura tener mil millones de dólares en bonos de MXCAT y más del 50% de una de las series de bonos, anunció que no aceptaría la oferta de recompra y modificaciones que anunció SHCP. Esto limita las opciones del nuevo gobierno. El GACM logrará eventualmente comprar los 1,800 millones de dólares de deuda, pero a que precio dependerá de la aversión al riesgo de los inversionistas.

A pesar de esto, al final de este proceso habrá más de cuatro mil millones de dólares de deuda por pagar. El objetivo de esta operación, de acuerdo con Arturo Herrera, Subsecretario del ramo de SHCP, era retirar parte de la deuda y cambiar las cláusulas que declaran el evento de incumplimiento y así para poder pagar el remanente de la deuda en su plazo original con la TUA del aeropuerto actual, el Benito Juárez.

Sin embargo, este anuncio imposibilita esta solución. Si los estatutos de cualquiera de los cuatro paquetes de bonos no se cambian y éste entra en incumplimiento por la cancelación de la obra, los otros tres paquetes entran en incumplimiento de forma automática. Los cuatro paquetes de bonos contienen “disposiciones de incumplimiento cruzado y aceleración cruzada”. Esto quiere decir que los cuatro paquetes están “amarrados” legalmente, si uno de ellos entra en incumplimiento los otros tres también. Este evento de incumplimiento, de nuevo implica el pago inmediato del total de los bonos.

Esto pone al nuevo gobierno en una encrucijada, pues tiene que seguir con la obra o liquidar el total de los bonos. La cancelación impactaría de forma directa el presupuesto de egresos de la federación. Aunque seis mil millones de dólares distan mucho de quebrar al país, el presupuesto del año entrante se estima sea de 22% del PIB es decir más de 250 mil millones de dólares. Este gasto imprevisto si puede limitar la capacidad del nuevo gobierno para lanzar los programas sociales que ha prometido y empezar las grandes obras de infraestructura planeadas.

Con la información actual, es posible inferir que el nuevo gobierno se vea obligado a utilizar recursos del presupuesto del próximo año para cancelar esta deuda. A pesar de ser un monto significativo, no se anticipan efectos catastróficos sobre las finanzas públicas, pero sí limitará su margen de maniobra, que ya era bastante estrecho.

Sin embargo, la decisión de cancelación sí hizo daño. Para fines prácticos una reestructura de la deuda como la planteada va a interpretarse por la mayoría de los participantes en el mercado como un default. Todo el episodio del aeropuerto ha mermado la confianza de los analistas e inversionistas en el nuevo gobierno. El diferencial de tasas de interés entre el bono de 10 años americano y el mexicano, que para fines prácticos mide la prima de riesgo país, pasó de 4.85 puntos porcentuales el primero de octubre a 6.21 el miércoles 5 de diciembre, un incremento del 28%.

En términos prácticos, esto implica que los dos proyectos insignia del nuevo gobierno, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que requerirán financiamiento similar al NAICM, tendrán que financiarse a una mayor tasa de interés. La rentabilidad de ambos proyectos es incierta, siendo generosos y laxos en el análisis; con mayores costos de capital serían inviables financieramente.

(Texto escrito por Ana Thaís Martínez / Jorge Andrés Castañeda)