Si los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado no aplican modificaciones a la Ley que ordenó un Juez federal en relación a las alertas por violencia de género y por agravio comparado, serán llevados a Juicio Político por desacato judicial, aseguró la integrante de la Coordinación Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional Contra el Feminicidio, Patricia Bedoya Zamora.

En rueda de prensa, la activista señaló que los diputados locales tienen hasta el 31 de octubre para actuar en favor de los derechos humanos de las mujeres, de no hacerlo incurrirán en desacato judicial por sentencia de amparo.

“Esto ocurre cuando no se cumple la orden de un Juez y el delito que se comete es el desacato judicial…pero en el caso y este es un procedimiento que lo tenemos que agotar y tienen hasta el 31 de octubre y no sólo es eso, sino que tienen una responsabilidad administrativa y por lo pronto, los diputados que se ha negado sistemáticamente en hacer las reformas correspondientes en el marco de la que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ante esta circunstancia por supuesto son acreedores a un procedimiento de responsabilidad”.

Dejó en claro que la Ley advierte que para proceder contra los funcionarios o servidores públicos se tiene un año después en donde la ciudadanas y ciudadanos tienen la oportunidad de iniciar un procedimiento de responsabilidad por no haber cumplido con su función pública.

Precisó que estas acciones se ejecutarían ante el Congreso de La Unión vía juicio político, debido a que se trata de un poder y es ante el Poder Legislativo que se tiene que hacer y “esa es la instancia superior, el Congreso de la Unión y ante esa soberanía se tendría que iniciar el Juicio Político dentro de sus tiempos que establece la ley, pues todo tiene una responsabilidad correspondiente”.

De llevar a Juicio Político a los Diputados Locales se logrará la inhabilitación a no cumplir un cargo público y podrían pisar la cárcel, “si una vez agotado el procedimiento de amparo en la ejecución, no se resolviera esto y no se cumpliera con la sentencia que ha ordenado el Juez y es posible que, terminado el proceso de amparo, si se configura el desacato estarían en la figura de un delito”.

Señaló que eso se debe de hacer porque si no se estaría frente un caso de impunidad hacia los Derechos Humanos, los cuales deben ser garantizados por las autoridades “por nuestros representantes, porque quién gobierna y es la que debe de tomar decisiones en función de los Derechos Humanos, nada más y nada menos que los Derechos Humanos”.

Dijo que en Veracruz, el tema es preocupante porque se tienen dos alertas de violencia, uno feminicida y el otro por agravio comparado, y en ese sentido manifestó que el Gobierno del Estado y el Congreso local tuvieron tiempo para hacer algo como eran las reformas e implementar las políticas públicas “pero lo que se le recomendó, nunca no lo hizo y esto implicó que siguiéramos viéramos el siguiente paso en este litigio que era el amparo por omisión legislativa dirigida en este caso al Poder Legislativo al Congreso del Estado”.

Indicó que llegar a un Juicio de Amparo marca precedente muy importante en el tema jurídico del país, puesto que, por primera vez, un Juez Federal no solamente reconoce que hay omisión legislativa sino que reconoce que hay una violación a los Derechos Humanos de las mujeres en el estado de Veracruz, sino que además ordena literalmente al Congreso del Estado a que haga las reformas al Código Penal qué vienen establecidas en la violencia de alerta de género.

“Esto implica que justamente estemos en el proceso de cumplimiento del Congreso porque finalmente tiene hasta el 31 de octubre para cumplir o no, lo que se le ha mandado, no solamente vía recomendación de la Secretaría de Gobernación, sino que además vía orden judicial a través de la Sentencia de Amparo”.