La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo al menos 12 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte por su probable responsabilidad en el delito de peculado. Esto como resultado de las denuncias por desvíos de recursos federales interpuestas ante el Ministerio Público por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata de los primeros casos promovidos por la ASF, en donde la PGR consigue completar la investigación y enviársela con éxito a un juez. En total la Procuraduría ha abierto entre 70 y 80 carpetas de investigación y averiguaciones previas por denuncias de los auditores, muchos de los cuales permanecieron por años sin avances, o incluso fueron mal integradas de forma premeditada.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz Vázquez, en una reunión con periodistas en la sede de dicha dependencia.

El funcionario explicó que, para acelerar el esclarecimiento de las denuncias que la ASF ha interpuesto en contra de la administración de Javier Duarte, se conformó un equipo especial con funcionarios de ambas instituciones.

“Lo que hicimos fue formar un grupo de agentes del Ministerio Público, concretamente tres, un director general, dos peritos en contabilidad y dos auditores y nos trasladamos a Veracruz. Establecimos una oficina y empezamos a integrar los casos”, dijo.

El resultado es la judicialización (antes conocida como consignación) exitosa en las últimas semanas de varias de estas carpetas de investigación, que se tradujeron en órdenes de aprehensión en contra de doce exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte.

El subprocurador no reveló la identidad de los involucrados para no entorpecer las investigaciones ni violar el principio de presunción de inocencia, sin embargo, aclaró que son exfuncionarios que tenían facultades para manejar los recursos provenientes de partidas federales, y que de acuerdo con la Auditoría fueron desviados sin que se pudiera acreditar su destino ni devolución.

“Entre estos funcionarios no se encuentra Javier Duarte, sin embargo, los casos continúan bajo investigación y si en su momento resultan responsables se solicitaría a Guatemala una excepción al principio de especialidad (que impide que una persona extraditada sea acusada por nuevos delitos), para poder proceder en su contra”, dijo el subprocurador.

Los exfuncionarios en contra de los que se giraron las órdenes de captura son acusados por PGR de ser probables responsables del delito de peculado. Dicho ilícito se encuentra contemplado en el artículo 223 del Código Penal Federal, y lo comete el servidor público que distraiga recursos públicos para su beneficio o el de terceros. Dependiendo del monto denunciado es un ilícito que puede alcanzar desde tres meses hasta 14 años de prisión. El proceso se puede seguir en libertad.

Negligencia y corrupción

En junio pasado Animal Político publicó que ya eran más de 70 las carpetas de investigación y averiguaciones previas (como se les denominaba en el viejo sistema penal) abiertas en la PGR por denuncias de los auditores en contra del gobierno de Javier Duarte. Hasta ese momento no había un solo caso resulto.

El mal manejo de recursos en dicho gobierno, de acuerdo con los reportes de la ASF, se presentó en prácticamente todas las partidas federales. Desde las destinadas para salud, hasta las de educación y seguridad. También se retuvieron ilegalmente recursos destinados al fortalecimiento de los municipios. Algunas de las denuncias fueron presentadas desde hace más de cuatro años.

Además, algunas de las denuncias, que datan de hace más de cuatro años, fueron por la simulación en que incurrieron funcionarios del gobierno de Duarte, al haber devuelto a las cuentas bancarias los recursos que faltaban, para luego volver a retirarlos.

El subprocurador de Delito Federales de PGR, Felipe Muñoz, explicó que cuando llegó al cargo a finales de 2016 ordenó una revisión de muchos de estos casos, y encontraron que varios de ellos no tenían ningún tipo de trabajo de seguimiento, mientras que otros presentaban errores evidentes, posiblemente intencionales.

“Había carpetas de investigación que cuando llegamos, ni siquiera estaban integrándose, y que cuando estaban integradas pareciera que la intención era que no salieran bien. Y lo digo así tal cual. Había carpetas de investigación a las que no se les había hecho nada. Nada”, sostuvo el funcionario.

Muñoz también aclaró que en algunos casos en específico la integración de las investigaciones fue lenta debido al retraso con el que la propia Auditoría aportaba los elementos que le eran requeridos. Por ello se decidió conformar un equipo específico de trabajo para el caso Veracruz, con el cual se ha logrado agilizar las investigaciones.

Duarte y La Estafa Maestra, casos en riesgo

El subprocurador de la PGR reveló que entre los casos abiertos por desvíos en Veracruz denunciados por la Auditoría hay poco más de 30 cuya resolución y consignación ha sido premeditadamente congelada por la Procuraduría.

Se trata de la misma situación en la que se encuentran otras denuncias de la Auditoría presentadas ante la PGR, entre ellas 16 relacionadas con los desvíos de recursos federales a través de universidades públicas y empresas fantasma, y que Animal Político documentó en el reportaje de “La Estafa Maestra”.

La razón, según la explicación que el funcionario proporcionó, es que en la integración de varios de estos casos la PGR recabó datos bancarios (prueba fundamental para los mismos) solicitándolos directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Sin embargo, a finales de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio en el que se indica que la obtención de datos bancarios – que implica romper secreto bancario – requiere obligatoriamente la autorización previa de un juez de control, algo con lo que no se contó en los casos previamente investigados.

En ese contexto, el subprocurador dijo que enviar a los jueces dichas averiguaciones como ya están integradas acarrea el riesgo de que los datos sean declarados ilícitos y las acusaciones se caigan, situación que ya ocurrió en el juicio contra Duarte por lavado de dinero, donde se aplicó este criterio de forma retroactiva.

“Tenemos que esperar a que la Corte se pronuncie en definitiva si este criterio va a prevalecer retroactivamente para decidir qué hacemos. Estamos salvaguardando estas averiguaciones previas para saber qué sucederá con ese criterio, porque si no hasta la Estafa Maestra dejará de ser Estafa Maestra” señaló el subprocurador.