La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que la investigación del caso Javier Duarte, originalmente planteada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada tuvo errores importantes de inicio, pero sostuvo que la sentencia de 9 años dictada al exgobernador evitó que el caso quedara en la impunidad, riesgo que además existía por la posibilidad de que el juez invalidara los datos bancarios.

En una reunión con medios de comunicación el subprocurador de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz Vazquez, dijo que este caso contra Duarte iniciado en 2016 (aún en la gestión de la procuradora Arely Gomez) y relacionado con la compra de parcelas a sobreprecio con dinero proveniente de empresas fantasma y prestanombres, tuvo que ser corregido en el camino.

“Cuando nosotros llegamos en esta administración (con el procurador Raúl Cervantes) nos encontramos una carpeta de investigación mal integrada. Lo digo así: mal integrada y en la que ya había una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y cuando digo mal integrada es porque me sorprende que el juez incluso librara las órdenes de aprehensión eh, pero bueno la perfeccionamos” señaló.

Dichos errores se corrigieron, pero ese no fue el único problema. El funcionario dijo que existía una posibilidad real de que Duarte quedara libre y el caso impune ya que se recabaron pruebas bancarias sin una autorización de un juez, como era facultad de la PGR hacerlo, pero que ahora debido a un criterio de la Corte que se aplica retroactivamente podrían haber sido invalidadas. De hecho en una audiencia en enero pasado el juez responsable, Gerardo Moreno, no validó dichas pruebas.

“Yo puedo estar de acuerdo con estos criterios de la Corte (que se necesita permiso del juez para recabar datos bancarios) pero el problema es que estos criterios nos los han aplicado retroactivamente y nosotros no somos clarividentes, esas facultades sí las teníamos antes (…) pero ahora nos aplican este criterio retroactivamente y nos declaran las pruebas ilícitas y a lo le parece que eso es generar impunidad” señaló en funcionario.

En ese contexto el subprocurador subrayó que el proceso abreviado a través del cual Duarte se declaró culpable a cambio de una pena reducida si bien lo favoreció a él, también resultó provechoso para la PGR pues el exgobernador reconoció ser delincuente y a su vez se evitó un juicio en el que no había garantía de que las pruebas derivaran en una sentencia condenatoria

“¿Qué pasa si nos hubiéramos ido a juicio oral y en la audiencia intermedia nos dicen que las pruebas son ilícitas? Pues qué Duarte estaría ahorita vacacionando en Veracruz, o en Cancún o en Miami. ¿Que hubieran hecho ustedes? ¿Se hubieran arriesgado?” Dijo el funcionario a los periodistas reunidos en el edificio sede de la PGR.

Posteriormente el subprocurador dijo que aún sin las pruebas bancarias existía una posibilidad de condena debido a los testimonios que se habían reunido en contra de Duarte, hecho que también fue valorado por la defensa del exgobernador para que tomaran la decisión de declararse culpable.

“Este caso finalmente es un ejemplo para quien quiera cometer estas conductas. Hay una sentencia condenatoria y se aceptó la responsabilidad. ¿Qué quisiéramos más (años de prisión) pues claro que los quisiéramos? (…) pero finalmente este era un volado para ambas partes” señaló

Destino de bienes decomisados lo definirá juez

Sobre la solicitud del gobierno de Veracruz de que se entreguen a ese estado los 41 bienes decomisados a Duarte como parte de la sentencia dictada, el subprocurador sostuvo que eso será decisión del juez que defina cómo se ejecutarán las sanciones.

El funcionario detalló que los bienes asegurados suman un total de 791 millones de pesos y que si esto se suma al dinero recaudado de cuentas bancarias, da un total de 1 mil 391 millones de pesos. Felipe Muñoz aclaró que de ese total ya se transfirieron a Veracruz más de 462 millones de pesos.

Y precisó que por lo que se refiere a la sentencia se cárcel dictada contra Duarte hasta el momento ni la defensa ni la Secretaría de Hacienda (que funge como víctima en el caso) se han inconformado. Hoy es el último día que tienen para hacerlo y si no ocurre la misma quedará confirmada.

El pasado lunes la organización TOJIL Estrategia contra la Impunidad presentó una denuncia penal ante la PGR por posibles hechos de corrupción en el procedimiento penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, argumentando que hubo “discrepancias entre las acusaciones de la investigación” y calificando la pena de 9 años como “desproporcional” para los delitos que se le imputan.

“La negociación realizada por el Ministerio Público de la Federación resulta desproporcional a los hechos que eran investigados, por lo que se advierte la existencia de una posible colusión con el imputado a cambio de una cantidad de dinero, bienes o beneficios que dieran lugar a la solicitud de una pena totalmente inadecuada”, se lee en la denuncia penal.

Aunado a la sentencia de 9 años, Javier Duarte de Ochoa aun enfrentará otros dos procesos en su contra que ya están en curso, promovidos por la Fiscalía de Veracruz por el uso ilegal de un helicóptero y el presunto desvío de 200 millones de pesos que estaban etiquetados para obras hidráulicas. Además pesan sobre él dos órdenes de aprehensión que no se han podido ejecutar por delitos electorales y desaparición forzada.