Con la sentencia condenatoria por lavado de dinero y asociación delictuosa, dictada el pasado miércoles en contra de Javier Duarte, concluyó la fase principal del proceso penal que la PGR promovió en su contra por el uso de empresas fantasma. Sin embargo, sobre el exgobernador de Veracruz aún pesan casos pendientes que podrían traducirse en nuevos procesos y condenas.

¿Qué sigue para Javier Duarte? A continuación se desglosa lo que está pendiente. Primero los juicios ya abiertos y en curso, luego las órdenes de aprehensión ya concedidas por jueces pero que no se han ejecutado, además de las investigaciones que involucran a su gobierno y que aún no han sido consignadas.

Toda la información que se incluye fue proporcionada por autoridades locales y federales relacionadas con los procesos, así como por la defensa del exmandatario.


Los juicios abiertos
El federal: última etapa

En contra del exgobernador de Veracruz se han abierto tres procesos penales hasta ahora. Uno de ellos era el promovido por la PGR por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y por el cual fue sentenciado el miércoles pasado a nueve años de prisión (4 años y medio por lavado y 4 años y medio por asociación delictuosa). También se ordenó el decomiso de 40 bienes y el pago de 58 mil pesos de multa.

Aunque la sentencia fue pactada entre las partes, el caso aún no está cerrado. Tanto los abogados de Duarte como la víctima (que en este caso es la Secretaría de Hacienda) tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar alguna apelación. Ricardo Reyes Retana, abogado de Duarte, dijo que revisarán si existe algún elemento en contra del cual presenten una inconformidad.

Si el plazo de cinco días transcurre sin novedad, se considera que la sentencia queda firme y entonces se convocará otra audiencia ante un juez denominado “de ejecución”, el cual definirá en qué centro penitenciario debe cumplir Duarte su sentencia.

Cabe señalar que la condena de cárcel impuesta al exgobernador no puede ser cambiada – de momento – por una medida alternativa. Esto ya que se rebasó el límite de cuatro años como máximo de sentencia para tener derecho a ello y porque además el lavado de dinero entra en un catálogo de ilícitos que, de acuerdo con el Código Penal, no son canjeables por ninguna otra medida que no sea la cárcel.

Sin embargo, cuando Duarte cumpla la mitad de la pena que se le impuso, es decir cuatro años y medio (de los que le faltan tres años porque a lleva año y medio preso), el exgobernador podrá solicitar el beneficio de la libertad condicional, es decir, cumplir la otra parte de su pena en libertad, y con una medida alternativa como puede ser un brazalete electrónico.

El otorgamiento de dicha medida dependerá de que se cumplan todos los requisitos que establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si para el momento en que se presente esa solicitud Duarte está sentenciado por otro caso, esto podría cancelar la concesión del beneficio.

Los dos procesos locales: cerca de la mitad
Los otros dos procesos que ya están en curso en contra del exgobernador son los que promovió la Fiscalía de Veracruz ante un juez local de Ciudad de México. Uno de ellos por el uso ilegal de un helicóptero y el otro por el presunto desvío de 200 millones de pesos que estaban etiquetados para obras hidráulicas.

El pasado 20 de mayo el juez, Júpiter López, consideró que había elementos suficientes para vincular a Duarte a proceso en ambos casos y ordenó un plazo de seis meses para culminar con las investigaciones. Esto significa que a finales de noviembre próximo el Ministerio Público tendrá que presentar la acusación formal.

El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, adelantó a Animal Político que por ambos procesos el Ministerio Público solicitará al juez una condena de al menos 15 años de cárcel.

Al igual que en el caso federal, Duarte también tiene la posibilidad de declarase culpable para buscar sentencias reducidas y no llegar a juicio oral.

Las órdenes de aprehensión congeladas
En contra del exgobernador de Veracruz hay dos órdenes de aprehensión que hasta el día de hoy no se han podido ejecutar, por lo que tampoco han arrancado los procesos correspondientes.

Una de las órdenes es por delitos electorales y la concedió un juez federal a petición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Esto luego de que se responsabilizó a su administración de haber retenido ilegalmente recursos etiquetados para el órgano electoral local, lo que puso en riesgo la realización correcta de elecciones.

La otra orden es por desaparición forzada, delito considerado como grave y de lesa humanidad. Esta orden la concedió un juez de Veracruz a petición de la fiscalía y está relacionada con la presunta desaparición sistemática de personas que llevaban a cabo policías estatales en la administración de Duarte.

El motivo por el cual no se han podido ejecutar estas órdenes es porque dichos casos no se incluyeron originalmente en la solicitud de extradición presentada a Guatemala en abril de 2017. Y los tratados de extradición, como el firmado con el país centroamericano, indican que la persona solo debe ser juzgada por los ilícitos por los cuales fue entregada.

La alternativa que tiene México es solicitar a Guatemala una excepción y si se concede, las órdenes pueden ejecutarse. En el caso de la orden por desaparición forzada, la Fiscalía de Veracruz promovió desde hace varios meses la petición ante la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que oficialmente presenten el requerimiento. Hasta ahora no se conocen los resultados.

El Senado de la República emitió ayer un exhorto oficial dirigido a la PGR y a la SRE para que se agilice esta petición.

Investigaciones en curso: los 60 mil millones denunciados por la ASF
Tanto la PGR como la Fiscalía de Veracruz sostienen que tienen carpetas de investigación abiertas vinculadas con Javier Duarte, pero de las que – por reserva de las investigaciones – no se pueden dar mayores detalles.

Los casos que sí se conocen públicamente son las denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado ante la PGR por la desaparición de recursos federales en la administración de Duarte. Un reporte especial publicado por los auditores en febrero pasado, señaló que eran más de medio centenar de denuncias las presentadas por el posible desvío de 61 mil millones de pesos.

La PGR informó a Animal Político que el estatus oficial de estas denuncias que dieron pie a la apertura de averiguaciones previas y carpetas de investigación es “en integración”, es decir, que las indagatorias no han concluido. Aunque las denuncias no son en contra de Duarte sino de su administración, el exgobernador podría resultar implicado si así lo arroja la indagatoria.

El obstáculo para estos casos es que aun cuando la PGR los consigne a un juez y Duarte figure entre los implicados, se tendría que solicitar a Guatemala autorización para abrir nuevos procesos al exgobernador, sin la garantía de que dicho aval se conceda.