La Procuraduría General de República (PGR) tiene un plazo de 15 días, a partir de este miércoles, para presentar por escrito la acusación y datos de prueba en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para llevarlo a juicio por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo con el código nacional de procedimientos penales, los fiscales de la PGR encargados del caso tendrán los próximos 15 días para presentar “primero la acusación por escrito y tras esto habría una audiencia oral para debatirla”, detallaron los abogados del exgobernador a Animal Político.

La audiencia oral se llevaría a cabo en un plazo de 30 a 40 días naturales luego de que la PGR presente la acusación.

Esta audiencia, denominada intermedia, debería estar a cargo del mismo juez federal que ha llevado el proceso en su fase inicial. No obstante, en el caso de Duarte, el juez responsable Gerardo Moreno fue removido en mayo pasado por el Consejo de la Judicatura, por lo que aun se desconoce qué juez seguirá con el procedimiento.

En el caso de que los fiscales responsables no presenten las pruebas en el periodo de los 15 días, el juez de control comunicaría la omisión de forma directa al procurador o encargado de despacho de la PGR, otorgando a éste otro plazo de 15 días para que presente las pruebas requeridas.

Si la acusación y los datos de prueba no son presentados en los lapsos referidos, con base en el artículo 325, el procedimiento judicial, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, en contra de Javier Duarte sería cancelado. Aun así el exgobernador no dejaría el Reclusorio Preventivo Norte, donde se encuentra preso de forma preventiva, dado que pesan sobre él otros procesos relacionados con delitos como desaparición forzada y desvío de recursos.

Si por el contrario, la acusación es presentada por la PGR la Secretaría de Hacienda, dependencia que aparece como “víctima u ofendido”, sería notificada y se le daría un plazo de tres días para presentar sus propias pruebas y solicitar cualquier corrección que detecte en el documento presentado por la PGR.

Por su parte la defensa del exgobernador tendrá 10 días para presentar las pruebas que respondan a la acusación.

El pasado 11 de junio la PGR inició una nueva carpeta de investigación por el presunto desvío y desaparición de más de mil 700 millones de pesos, transferidos en 2014 al gobierno de Javier Duarte en Veracruz, y que estaban destinados para acciones de salud, fundamentalmente a través del Seguro Popular.

Dichos recursos, según la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron retenidos o transferidos a cuentas distintas por la tesorería de la Secretaria de Finanzas estatal, encabezada en aquél entonces por Tarek Abdalá Saad, hoy diputado federal del PRI.

Hasta ahora en esta carpeta de investigación, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales de PGR, suman 70 casos por presuntos fraudes relacionados con el manejo de recursos federales solo en la gestión del exgobernador Javier Duarte. Todas ellas promovidas por denuncias de la ASF.

Sin embargo y pese a que algunas de estas denuncias ya tienen más de tres años, ninguno de los casos ha sido consignado ante un juez y por ende tampoco se ha esclarecido ni se ha castigado a los exfuncionarios responsables.

Este lunes, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) anunció que solicitará al gobierno de Guatemala autorización para ejecutar una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, por su probable responsabilidad en delitos electorales durante su administración.

Se trata de una orden de arresto que un juez federal en México concedió desde hace más de un año, pero que no se pudo ejecutar durante la extradición de Duarte desde Guatemala, en abril de 2017.

La FEPADE explicó a Animal Político que las cláusulas del tratado de extradición entre Guatemala y México establecen que una persona solo puede ser extraditada “por hechos que sean delitos entre ambos países”; y dado que los delitos electorales no están tipificados en el país centroamericano, no se pudo finiquitar en ese momento el trámite.

Aunado a esta orden de aprehensión pendiente por delitos electorales existe una segunda orden girada contra Duarte concedida a principios de junio pasado por un juez de Veracruz por el delito de desaparición forzada. Según la investigación, el exgobernador ocultó una serie de desapariciones que cometió la policía estatal durante su administración. Por este caso ya hay más de una veintena de exfuncionarios duartistas procesados, incluyendo al exfiscal y exjefe de la policía en aquel gobierno.