La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo la confesión de una exfuncionaria del gobierno de Javier Duarte quien relató que, por órdenes del exgobernador y con la presunta complicidad del entonces tesorero del Estado, recibió millones de pesos para adquirir propiedades a través de una empresa, la cual pertenece a la red de compañías fantasma vinculada con el desvío de recursos públicos en el Estado y el financiamiento electoral ilegal a favor del PRI.

De acuerdo con autoridades con pleno conocimiento del caso, la persona que declaró ante los fiscales es Xóchitl Tress, exdirectora de Espacios Educativos en la administración de Javier Duarte.

Tress fue detenida el 31 de agosto del año pasado por agentes de la Fiscalía de Veracruz acusada de enriquecimiento ilícito. Tras declararse culpable fue sentenciada a una pena reducida de tres años de prisión. Luego de dicha sentencia la exfuncionaria accedió a declarar también ante fiscales de la Procuraduría General de la República.

La declaración de Tress era importante para la PGR pues confirma lo que había confesado previamente Juan José Janeiro, un exoperador financiero de Duarte y hoy colaborador en las investigaciones, quien señaló que en algún momento recibió la instrucción de adquirir bienes para Xóchitl Tress.

De acuerdo con autoridades ministeriales consultadas por este medio, la confesión de Tress permite también conocer y documentar al menos una de las formas con la que se desviaban recursos públicos hacia compañías fantasma.

La casa y la empresa fantasma

En su declaración ministerial ante la PGR, Xóchitl Tress dijo que en 2014 Javier Duarte le regaló una propiedad en la calle de Salmón 281, fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río, cuyo monto escriturado ascendió a dos millones 250 mil pesos. Las autoridades sospechan que la transacción real pudo ser aún mayor.

La exfuncionaria detalló que el 21 de marzo de 2014, dos días después de haber asumido el cargo de Directora de Espacios Educativos, Duarte la citó a una reunión en su oficina en la que estaba presente el entonces tesorero de la entidad y hoy diputado federal Tarek Abdalá Saad. Esta reunión se dio después de que Tress le había dicho a Duarte que estaba buscando una nueva casa.

Según la exfuncionaria, en la reunión, Javier Duarte le dio a escoger entre diversas propiedades pero ella le dijo que solo quería un “préstamo” para una propiedad que ya había visto en venta en el fraccionamiento Costa de Oro. El gobernador le dijo entonces que le “regalaría” la casa y le encargó a Tarek Abdalá encargarse de la operación.

Tress declaró que Tarek le entregó 500 mil pesos en efectivo para adquirir la propiedad y luego la citó en el Restaurante El Azafrán en Boca del Río donde estuvieron presentes algunos contadores y abogados.

A dicha reunión, señala Tress, acudió una señora que se identificó como Jacqueline Terrón Antonio, representante legal de la empresa Grupo Comercial Terrami S.A. de C.V. con la que firmó un convenio en la cual dicha empresa, a cambio de nada, se comprometía a transferir un millón 850 mil pesos para la compra de la propiedad.

Terrami es en realidad una empresa fantasma, de las que existen en el papel pero no en la realidad. Peor aún: pertenece exactamente a la misma red que utilizó el gobierno de Javier Duarte para desviar recursos públicos, y que fue revelada en un reportaje de Animal Político en mayo de 2016. Hoy se sabe que dicha red de empresas fantasma fue creada por el despacho del contador Víctor López Gachuz.

Los nexos de Jacqueline Terrón Antonio y Grupo Comercial Terrami con la red de empresas fantasma son múltiples y complejos.

Por citar un ejemplo solamente, hay otra empresa denominada Servcons S.A. de C.V. en la que Terrón es socia de Leonardo Hernández, quien a su vez es socio de Virginia Cano Aguilera en la compañía Bepubligam S.A de C.V.

Virginia Cano es a su vez socia en la empresa AD911, una de las 20 compañías fantasma señaladas por Animal Político de desaparecer más de 645 millones de pesos que el gobierno de Duarte les dio a través de 72 contratos. El SAT luego documentó que estas empresas facturaron más de tres mil millones de pesos.

En otra compañía de la red, Terrón Antonio es socia de José Alfredo García Barradas, quien a su vez es uno de los dueños de Logística ASISMEX, la empresa que financió ilegalmente la campaña de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con una investigación del INE.

En su declaración tanto con la Fiscalía de Veracruz como con la PGR, Xóchitl Tress dijo que en el momento en que firmó los papeles no sabía que Terrami era una compañía fantasma aunque reconoció que tampoco tenía relación alguna con dicha empresa, ni alguna explicación que justificara que le transfiriera la mayor parte del dinero para adquirir su propiedad.

Cabe señalar que Terrón Antonio ya había confesado previamente ante la Fiscalía de Veracruz que era una militante del PRI, y que aceptó “firmar papeles de diversas empresas”, entre ellas las de Grupo Comercial Terrami a cambio de un pago mensual de 500 pesos. Negó ser empresaria y sostuvo que era una persona de bajos recursos.

Más regalos

En su declaración Xóchitl Tress confesó también que luego de recibir la referida propiedad se interesó en los terrenos contiguos a la referida casa y que pertenecían al mismo lote. Dijo que personas designadas por Duarte se encargaron de pagar 750 mil pesos por cada uno de los terrenos.

No fue todo. Tress también declaró que a principios de 2014 le comentó a Javier Duarte que había tenido un problema con su camioneta y que necesitaba reemplazarla. En respuesta el exgobernador la citó a un encuentro en el World Trade Center donde estuvo presente el tesorero del gobierno Tarek Abdalá Saad.

De acuerdo con el dicho de Tress, el exgobernador de Veracruz le pidió a Abdalá que se encargara de adquirir una camioneta tipo Land Rover último modelo valuada en más de un millón de pesos. La compra se hizo a nombre de una empresa denominada Grupo Publicitario Hamburgo S.A. de C.V. y posteriormente le fue entregada a Tress.

La exfuncionaria sostuvo que durante un año le dio uso a la camioneta pero que cuando dejó el cargo en el área de espacios educativos del gobierno de Veracruz devolvió el vehículo pues no estaba a su nombre sino al de la referida compañía.

Cabos sueltos

El testimonio de Xóchitl Tress es uno de varios elementos que la Procuraduría General de la República ha trabajado como parte de su investigación complementaria por las presuntas operaciones ilegales efectuadas en la administración de Javier Duarte.

De acuerdo con autoridades con conocimiento del caso, además de los testimonios se está dando seguimiento a operaciones bancarias y otros elementos que permiten sostener en un próximo juicio la probable responsabilidad de Duarte en los delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

La investigación de la PGR señala que Duarte, junto con amigos y aliados cercanos se habría beneficiado del uso de recursos públicos pero hasta ahora, la Procuraduría no ha acusado penalmente a ninguno de los exfuncionarios que habrían autorizado la salida de los referidos recursos sin justificación aparente.

Los señalamientos de testigos colaboradores de la PGR, al igual que ahora la declaración de Tress, apuntan a que el extesorero de la entidad Tarek Abdalá fue uno de los presuntos operadores de la salida de dinero público hacia empresas irregulares pero él no se encuentra en la lista de personas procesadas hasta el momento por la PGR.

Quien intentó proceder en su momento en contra de Tarek Abdalá Saad fue la Fiscalía General de Justicia de Veracruz por varios delitos entre ellos peculado. No obstante el caso se vio frenado luego de que la Cámara de Diputados rechazó despojarlo del fuero que lo protege como legislador federal.