Antes de la elección del 2012, el gobierno de Javier Duarte entregó 643 millones de pesos a 19 empresas fantasma cuyos propietarios, accionistas y representantes legales están también detrás de ASISMEX, una empresa que financió ilegalmente la campaña presidencial del PRI de ese año.

El personaje principal en esas 19 compañías, que recibían recursos públicos del gobierno veracruzano –incluso sin contratos de por medio- y los transfería a otras empresas para que se perdiera el rastro, es Víctor Manuel López Gachuz, un contador público que no ha sido llamado a rendir cuentas por la justicia.

Logística Estratégica ASISMEX, el nombre completo de la compañía, fue la que entregó dinero al PRI, recursos que habrían de utilizarse para pagarle a representantes de casillas el día de la elección de aquel año.

Este último paso ya fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral que, tras una investigación de cinco años, reveló en enero pasado que había descubierto un sofisticado e ilegal mecanismo de financiamiento en la campaña presidencial de 2012, principalmente en Veracruz.

El organismo demostró que al menos 15 millones de pesos fueron a parar al PRI e informó que por esos hechos había pedido a la PGR y al SAT investigar a ASISMEX, que estaría detrás de ese financiamiento ilegal.

El PRI nunca reportó ese ingreso e incluso ha negado que exista relación entre ellos y ASISMEX. Por eso el INE multó a los priistas con poco más de 30 millones de pesos. Este caso está pendiente de resolución en el Tribunal Electoral, donde fue impugnado.

Ahora, una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) prueba que ASISMEX en realidad forma parte de una red aún más grande, una que involucra a 400 empresas fantasma creadas al amparo de una oficina encabezada por el contador Gachuz, que se utilizaron para desviar y ocultar dinero público en el sexenio de Duarte.

En esta red de 400 empresas fantasma coinciden dueños, prestanombres, representantes legales, comisarios y notarios que avalaron su creación, y coinciden también direcciones fiscales y empleados de Gachuz.

De estas 400, 57 empresas recibieron 3 mil 617 millones de pesos durante todo el sexenio de Javier Duarte, dinero que en realidad debió destinarse a niños, ancianos y damnificados. De ese gran total, 643 millones de pesos fueron a parar a 19 de esas empresas antes de la elección presidencial de 2012.

La marca Gachuz
ASISMEX, la empresa que le entregó el dinero al PRI, fue creada en Veracruz 4 días antes del inicio del gobierno de Duarte en diciembre de 2010. Y según el INE, esa empresa registró movimientos por al menos 1,393 millones de pesos durante el proceso electoral de 2012.

El INE, sin embargo, no ha podido explicar de dónde provienen el total de esos recursos. Solo ha dicho que la trama incluye a 11 compañías y tres personas físicas que, a su vez, realizaron operaciones con ASISMEX. Alegando secreto bancario, y dado que solicitó tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se investigue el caso, el organismo electoral no dio a conocer a la opinión pública los documentos que prueban cómo se hicieron estas transacciones.

El INE identificó que ASISMEX también gastó otros 3 millones de pesos en esos comicios, que sirvieron para pagar a representantes del PAN, PRD, PT, MC y Nueva Alianza, aunque en este caso, sospechan los auditores del INE, fue para que el día de las elecciones no acudieran a las casillas que les correspondían. Aun así, impusieron multas por 6 millones a los partidos.

El INE, la PGR y el SAT declinaron la solicitud de entrevista que se les formuló para abundar sobre este reportaje.

La investigación de AP y MCCI establece que ASISMEX y las compañías y personas señaladas por el INE están en el corazón de la red Gachuz, que recibió 643 millones de pesos del gobierno de Duarte en el año electoral de 2012.

Para que el millonario desvío tuviera éxito, Javier Duarte contó con la complicidad del actual diputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdalá, quien ocupó dos diferentes cargos en su administración.

Como director de administración del DIF de Veracruz (2010-2012), Tarek autorizó los primeros pagos a la red Gachuz de empresas fantasma en 2011.

Por estos pagos iniciales un juez del estado de Veracruz giró, el pasado 25 de mayo, una orden de aprehensión en contra de Karime Macías, expresidenta del DIF Estatal y esposa de Javier Duarte. Aunque el cargo de Macías era honorario, la Fiscalía de Veracruz sostiene que ella coordinó con Tarek los pagos a las empresas de la red Gachuz.

En febrero de 2012, cuatro meses antes de la elección federal, Tarek Abdalá dejó el DIF para convertirse en tesorero de la Secretaría de Finanzas estatal y con ello los pagos a las empresas fantasma se multiplicaron.

Una serie de estos pagos se hicieron en semanas previas a la elección y sin contratos de por medio.

La documentación en poder de este equipo de investigación revela que Tarek, como cabeza financiera del DIF, firmó 23 de 36 contratos otorgados a la red, pero ya como encargado de las finanzas a nivel estatal les entregó pagos anticipados antes y después de las elecciones de 2012.

Hace un año, la Fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero del diputado Abdalá, pero este proceso fue detenido gracias al voto de la fracción parlamentaria del PRI.

Abdalá no actuó solo. En todas las licitaciones del DIF era el mismo grupo de funcionarios quienes autorizaban los contratos: Joaquín Roque Flores Castro, encargado de la Subdirección de Recursos Materiales; Dante Omar Sánchez Alatorre, representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos; Víctor Manuel Carrizo Yoval, jefe del Departamento de Adquisiciones y Alejandro Pérez Jacome.

Una vez que Tarek pasó a la tesorería estatal, el DIF siguió otorgando más contratos a las empresas de la red Gachuz, pero ahora con Astrid Elias Mansur como directora de administración.

Simulaban competencia
En un gran número de contratos otorgados por el DIF a las empresas de la red simulaban competencia entre sí, como ocurrió con varias licitaciones donde fueron adquiridos juguetes y regalos que supuestamente serían otorgados a niños y madres veracruzanas de escasos recursos.

También simularon la adquisición de 2 mil 634 sillas de ruedas por 5.8 millones de pesos, que serían destinadas a personas de la tercera edad. En esta licitación participaron tres empresas que integraban la red.

La investigación que por su cuenta hizo la Fiscalía de Veracruz y que derivó en la orden de aprehensión en contra de Karime Macías, hace referencia a pagos a seis empresas de la misma red: Prefraco; Abastecedora Romcru; Centro de Recursos de Negocios CERENE; Ravsan Servicios Múltiples; Grupo Balcano y ANZARA.

Los fiscales señalan que los contratos entregados a dichas empresas por parte del DIF de Veracruz ascienden a 112 millones de pesos aunque, en este reportaje, se revela que el monto que recibieran estas empresas y otras de la misma red a lo largo del gobierno de Duarte es cuatro veces superior.

En todos estos casos eran las mismas compañías compitiendo entre sí para ganar las licitaciones.

La simulación y entrega directa de contratos o licitaciones, previo a las elecciones de 2012, no sólo se replicó en el DIF. También se hizo en las secretarías de Desarrollo Social, Educación, Finanzas y Protección Civil.

Finanzas, por ejemplo, ya con Tarek como Tesorero, realizó pagos por 323.9 millones de pesos, entre abril y junio de 2012, a 6 empresas fantasma de la red Gachuz. Casi la mitad del recurso fue entregado semanas antes del 1 de julio de 2012.

¿De quién es ASISMEX?
De acuerdo con su acta constitutiva, ASISMEX tiene dos dueños. Uno es Juan Carlos Reyes León, quien se presenta también como propietario o representante legal de otras siete empresas de la misma red de empresas fantasma.

El otro dueño de ASISMEX es José Alfredo García Barradas, que tiene otras cuatro empresas también de esta red de 400 compañías fantasma.

Reyes León también es accionista de Comercializadora Alifresh, que recibió recursos públicos de Javier Duarte sin prestar servicio alguno, como se demostró en el primer reportaje sobre este tema, publicado en Animal Político en 2016, titulado “Las Empresas Fantasma de Veracruz”.

García Barradas, en tanto, también aparece como propietario de Soluciones Legarc, que recibió 38 millones de pesos del gobierno de Javier Duarte en las semanas previas a las elecciones. Esta misma empresa se usó para simular competencia en otras licitaciones oficiales, en las que participaban empresas que ya estaban catalogadas por el SAT como fantasma.

ASISMEX formalmente se dedicaba, según el acta constitutiva, a más de 15 labores distintas, que van desde el comercio de todo tipo de producto legal hasta dar cursos de superación personal.

El INE entrevistó a José Alfredo García Barradas, pero según el informe oficial éste entregó datos contradictorios sobre el porqué ASISMEX contrató tarjetas de prepago en el periodo electoral --entregadas a representantes del PRI y de todos los partidos-- al punto de señalar que estas en realidad estaban destinadas a otra empresa de nombre Grupo Comercial Maenco (que en realidad es otra empresa de la red fantasma cuyo domicilio fiscal no corresponde a ninguna empresa sino a un domicilio particular, según documentó el INE).

Como parte de esta nueva investigación Animal Político y MCCI visitaron el domicilio fiscal de ASISMEX. Se ubica en la calle Fernando de Magallanes número 213, Fraccionamiento Reforma, en los límites de Boca del Río y el puerto de Veracruz.

Esta dirección es el domicilio fiscal de otras cinco empresas de la red de 400 creadas por el contador Gachuz. En la actualidad, sin embargo, el domicilio es ocupado por el restaurante “Bistro Martí” que principalmente ofrece platillos de comida italiana y abre únicamente por las noches.

Dos empleados de Bistro Martí reconocieron que hace dos años, cuando se instalaron en este lugar, llegaba correspondencia dirigida a diferentes empresas, pero a los seis meses dejaron de recibirla.

Contaron que en este lapso ningún funcionario del SAT o ministerio público los ha visitado para preguntar por las empresas que presuntamente operaban allí, entre éstas ASISMEX (compañía que oficialmente se disolvió el 27 de enero de 2015).

ASISMEX fue constituida cuatro días antes del arranque del sexenio de Duarte ante el notario Gabriel Alejandro Cruz Maraboto, quien en total avaló la creación de 24 empresas de la red Gachuz, entre ellas Anzara SA de CV, ya confirmada por el SAT como empresa fantasma, y que también es una de las 19 que recibió recursos públicos del gobierno de Duarte previo a la votación de 2012.

El INE encontró que, en pleno periodo electoral, ASISMEX trianguló a través de sus cuentas bancarias mil 393 millones de pesos -120 millones en el mes previo a la votación-, pero el destino final de esos recursos falta por esclarecerse.

En la transferencia de dichos recursos participaron al menos otras seis empresas fantasma y una persona física, pertenecientes a la misma red creada y dirigida por Víctor Gachuz.

Un ejemplo de esta red es la Unión de Cooperativas UNICOOP. Según su acta constitutiva, Víctor López Gachuz es uno de sus propietarios. Esta Unión, dos días antes de la votación, transfirió recursos a ASISMEX.