Entre 2011 y 2016, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz –que de manera honoraria presidía Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte, entregó más de 415 millones de pesos en contratos con 33 empresas fantasma.

Esta cifra representa un monto casi cuatro veces superior a los 112 millones de pesos de presuntos desvíos que permitieron a la Fiscalía de Veracruz obtener una orden de aprehensión contra Karime Macías Tubilla, acusada de desviar esta cantidad a seis empresas fantasma por productos y servicios que no se entregaron.

Datos obtenidos de centenares de solicitudes de acceso a la información, enviadas a diferentes dependencias del estado de Veracruz, permitieron a Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentar que el DIF-Veracruz entregó estos 415 millones 78 mil 432 pesos en contratos a 33 empresas fachada, todos durante la gestión de Macías Tubilla.

Pero además, Animal Político y MCCI han podido documentar que, en realidad, la red de empresas fantasma está conformada por 400, sobre las que se abundará en siguientes entregas periodísticas.

A este grupo de 400 empresas pertenecen las 33 empresas fachada que sirvieron para presuntamente desviar recursos del DIF-Veracruz.

Entre esas compañías se encuentran las seis que la Fiscalía de Veracruz identificó para pedir la orden de aprehensión contra Karime Macías: Grupo Balcano S.A. de C.V; Prefraco S.A. de C.V; Abastecedora Romcru S.A. de C.V; Centro de Recursos de Negocios CERENE S.A. de C.V; Ravsan Servicios Múltiples S.A. de C.V; y ANZARA.

Se trata de empresas fachada o fantasma, es decir, legalmente constituidas pero que carecen de los recursos humanos y materiales para proporcionar cualquier servicio, más allá de emitir una factura. De las 33 empresas que recibieron dinero del DIF, el SAT ya investigó a 19 y concluyó, en definitiva, que eran empresas inexistentes que simulaban operaciones.

Aunque el nombre de Karime Macías no aparece en ninguno de los contratos firmados, pues de hecho el puesto de presidenta del DIF es honorífico, la investigación de la Fiscalía de Veracruz consignada a un juez apunta a que ella presuntamente ordenaba y coordinaba los pagos a las empresas fachada para desviar los recursos públicos.

Los contratos

Los montos otorgados a estas empresas empezaron de mayor a menor. En el año 2011, el DIF-Veracruz otorgó a este grupo de empresas 159 millones 527 mil pesos.

Para el año 2012, el monto fue de 110 millones 737 mil pesos y en 2013 bajaron a 43 millones 633 mil pesos. Sin embargo, en 2014 los recursos repuntaron a 92 millones 918 mil pesos.

Los totales más bajos se otorgaron en los años 2015 y 2016, con 3 millones 261 mil pesos y 5 millones de pesos, respectivamente.

En total, el DIF Veracruz firmó 119 contratos con este grupo de empresas fantasma. El monto mayor se otorgó a la empresa Maedason S.A. de C.V., que había sido reportada por el SAT como inexistente desde el primero de octubre de 2016. A esta compañía le destinó 42 millones 112 mil pesos por concepto de compra de picos, palas, triciclos de carga, chamarras, impermeables y materiales e insumos para estéticas.

Con la empresa Solución Legarc S.A. de C.V. el DIF firmó 6 contratos por más de 38 millones de pesos, entre los que destacan las compras de “juguetes para niños de escasos recursos de 211 municipios”.

La empresa Comergut, también boletinada como inexistente y simuladora de operaciones por el SAT en 2016, fue la tercera con el mayor monto en contratos. Siendo favorecida con más de 24 millones de pesos. Contratos que suponían la compra de regalos para el 10 de mayo, máquinas de coser y juguetes.

Los que aparecen como accionistas de las compañías son en realidad prestanombres, en muchos casos personas de bajos recursos y en algunos casos militantes del PRI, sin ningún perfil empresarial, como se ha confirmado en la investigación periodística de campo que han realizado estos medios y en las propias investigaciones oficiales.

Para adjudicar los pagos, el DIF-Veracruz simuló procesos legales de contratación bajo la modalidad “licitaciones simplificadas” en donde llegaba a invitar de 3 a 5 empresas, todas ellas fantasma y pertenecientes a la misma red. O en algunos casos, simplemente pactó “adjudicaciones directas” con cualquiera de las excepciones que la ley permite e incluso se hicieron pagos sin contratos.

Cabe resaltar que en las respuestas a las solicitudes de transparencia no se entregó, a pesar de haberse solicitado expresamente, ningún tipo de documento que respaldara la existencia de los servicios y/o productos contratados.

Los conceptos de los contratos abarcaban de todo: desde sillas de ruedas para personas de la tercera edad hasta juguetes para niños de bajos recursos, impermeables, chamarras, sanitarios ecológicos, botiquines, medicinas… Hoy no hay evidencia legal de que algo de eso se haya entregado.

Todos estos pagos ocurrieron con Karime Macías al frente del DIF, pero con distintos funcionarios a cargo de la dirección de Finanzas de dicha dependencia, área directamente responsable del manejo de los recursos. Primero fue con Antonio Tarek Abdalá quien estuvo en el cargo desde el arranque de dicha administración hasta febrero de 2012, cuando fue promovido como tesorero de la Secretaría de Finanzas del Estado.

Después fue con Astrid Elías Mansur como directora de finanzas en el resto de 2012, mientras que a partir de 2013 fue con Miguel Ángel Ortíz Romero en dicho puesto.

El DIF- Veracruz fue, además, la primera de nueve dependencias del gobierno de Javier Duarte a través de las cuales se entregaron miles de millones de pesos a la misma red de empresas fantasma, como se detallará posteriormente en este reportaje. El modus operandi fue el mismo: simulando procesos legales de contratación para transferir el dinero a dichas compañías por servicios que en la realidad no se llevaron a cabo.