En la última semana la situación jurídica del exgobernador Javier Duarte se agravó. Al único proceso que tenía en su contra, por delincuencia organizada y lavado de dinero, se añadieron dos casos más promovidos por la Fiscalía de Justicia de Veracruz, y donde el juez del caso encontró indicios razonables que apuntan a una responsabilidad del exgobernador de Veracruz.

Esto significa que, antes de que concluya el año, Duarte podría sumar tres juicios abiertos por cinco delitos distintos que se le imputan. Por ello, los jueces del caso han ordenado que el exgobernador permanezca preso en el Reclusorio Norte.

Pero aún falta más. Tanto la Fiscalía de Veracruz como la propia Procuraduría General de la República (PGR) tienen investigaciones abiertas por diversos hechos de posible corrupción que no han sido consignados. Sin embargo, en caso de que alguno de estos casos fructifique, México tendrá que solicitar a Guatemala autorización para proceder debido a los candados que incluyó la extradición del exgobernador.

A continuación se detallan los procesos abiertos contra Duarte en el orden en que los jueces han decidido darles luz verde, así como los casos pendientes y la ruta que habría que seguir en caso de que se busque una nueva orden de aprehensión. Esto según la explicación de los fiscales del caso.

Los procesos abiertos

Caso 1 federal. Delitos: lavado de dinero y crimen organizado

La PGR sostiene que Duarte encabezó una red delictiva que le permitió, durante su gestión como gobernador de Veracruz, desviar recursos públicos mediante contratos con empresas fantasma, que luego fueron triangulados por múltiples empresas fachada y prestanombres con el fin de ocultar su origen.

Esto habría permitido, según la PGR, el lavado de al menos 400 millones de pesos que a la postre fueron invertidos en propiedades y otros hechos de los que supuestamente disfrutó el exgobernador.

En términos cronológicos este proceso es el de mayor avance hasta ahora. Luego de que un juez federal determinara que había datos iniciales suficientes para procesar a Duarte, han transcurrido ya 10 de 12 meses de investigación complementaria que se autorizaron por petición de la defensa y del Ministerio Público.

En una audiencia realizada el pasado 18 de mayo el juez del caso – Gerardo Moreno – autorizó a la PGR recabar nuevos datos bancarios de un grupo de empresas y de un contador presuntamente ligados a las operaciones de lavado.

Será el próximo 31 de julio cuando concluya de forma definitiva este plazo de investigación complementaria. La PGR deberá entonces plantear la acusación definitiva o desistirse del caso. Si formula la acusación, se debatirán las pruebas que el Ministerio Público Federal y la defensa hayan reunido en una audiencia denominada “intermedia” y concluida esta se programará la fecha de arranque de juicio oral.

Cabe destacar que en contra de este caso la defensa de Duarte ha intentado promover diversos amparos que hasta ahora se le han negado. El último recurso es una revisión que está haciendo un tribunal federal y del que no se ha precisado fecha de resolución.

Caso 2 local. Delitos: tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal

La Fiscalía de Veracruz acusa a Javier Duarte de no haber hecho entrega formal de la administración que tenía a su cargo a su sucesor interino Flavino Ríos – incluyendo los bienes que tenía bajo su cuidado – luego de haber pedido licencia definitiva al cargo el 12 de octubre de 2016.

También lo responsabiliza de haber usado, dos días después de esa fecha, un helicóptero oficial que se le facilitó por órdenes de Flavino Ríos, y en el cual comenzó su huida del estado de Veracruz. Los fiscales señalan que esto lo hace “copartícipe” del delito de tráfico de influencias.

Este fue uno de los dos casos por los cuales el día de ayer, 20 de mayo, un juez de Ciudad de México – en representación de una jueza de Veracruz – dictó un auto de vinculación a proceso contra el exgobernador.

Se decretó un plazo de 6 meses de investigación complementaria que vence el próximo 20 de noviembre. Pasada esa fecha la Fiscalía de Veracruz, al igual que en el caso federal, deberá formular la acusación formal y sus pruebas definitivas con las que busca llevar al exgobernador a juicio oral.

Caso 3 local. Delito: peculado

La Fiscalía de Veracruz sostiene que Duarte ordenó en 2014, una transferencia ilegal de 220 millones de pesos del presupuesto de la Comisión Estatal de Agua a una cuenta de la secretaría de Finanzas de donde luego desapareció el dinero. Esto habría ocasionado que 97 obras hidráulicas quedaran inconclusas ya que no hubo recursos para pagar a los contratistas de las mismas.

Al igual que en el caso anterior, el pasado 20 de mayo el juez vinculó a proceso a Duarte y ordenó un plazo de seis meses de investigación complementaria. A finales de noviembre los fiscales deberán presentar la acusación formal.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía del Estado, de ser encontrado culpable por los dos casos locales, Javier Duarte podría alcanzar una pena de hasta 38 años de prisión.

Los casos pendientes

A nivel local:

La Fiscalía de Veracruz cuenta con varias denuncias del órgano de Fiscalización Superior de ese estado (Orfis) donde se advierten malos manejos de hasta 20 mil millones de pesos de recursos locales en la administración de Duarte.

Autoridades ministeriales confirmaron a Animal Político que en varios de estos casos Duarte resultaría responsable, pues la mecánica fue similar a la del caso de la Comisión de Agua: se ordenó desde la oficina del gobernador transferencias ilegales del dinero que nunca fue devuelto.

Sumado a lo anterior también se indaga si el exgobernador habría participado en posibles hechos de desaparición forzada por los cuales ya hay varios exfuncionarios procesados en Veracruz.

El Fiscal del estado Jorge Winckler dijo en entrevista que son carpetas de investigación que se están integrando pero adelantó que, en el momento en que se decida presentar los cargos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra Duarte, deberá solicitarse primero el aval del poder judicial de Guatemala.

“Tenemos carpetas en integración por los demás desvíos de recursos y en su momento se hará un planteamiento a PGR para que solicite al gobierno de Guatemala que se haga una ampliación para abrir la posibilidad de que se ejecuten nuevas órdenes de captura. No podemos ejecutar una en automático porque el tratado de extradición entre ambos países lo impide” dijo el fiscal.

A nivel federal:

Tras el hallazgo de más de 1,700 anomalías en la gestión de recursos federales en el gobierno de Duarte, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 65 denuncias penales ante la PGR en contra de los funcionarios que resulten responsables. El exgobernador Duarte es uno de los investigados por estos casos que, hasta ahora, no se han consignado.

Sumado a esto, la Procuraduría cuenta con al menos dos carpetas de investigación relacionadas con la operación de más empresas irregulares y fantasma en el estado, que pudieron usarse en el mal manejo de recursos públicos.

Y la PGR también cuenta con una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía de Delitos Electorales (FEPADE) girada contra Duarte por desvíos de recursos etiquetados para el órgano electoral local. Esta orden tampoco se ha ejecutado.

Al igual que en los casos pendientes de la Fiscalía de Veracruz, la PGR tendría que buscar el aval de Guatemala para proceder penalmente contra el exgobernador por alguno de estos casos, cuando decida hacerlo.