El juicio contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, empezará finalmente el 4 de octubre, después de que la juez de Estados Unidos que se encargará del caso, Hilda Tagle, dictara que se pospusiera la fecha por la “complejidad del caso”.

Según los documentos judiciales revisados por EL UNIVERSAL, la fiscalía de EU presentó esta semana una moción por la que pedía más tiempo de preparación para el caso dado el gran volumen de pruebas que se espera que se presente.

El gobierno de EU detalla que, hasta el momento, hay más de 100 mil páginas de documentos que formarán parte de las evidencias contra Yarrington Ruvalcaba, un volumen que hará que el proceso de producción de estas pruebas sea “largo y complicado”. Además, se espera que tengan que pedirse archivos a diversas agencias, algo que alargará más el proceso.

Tal y como se lee en la petición judicial, sólo el alegato de acusación cuenta con 53 páginas en las que se detallan hechos y supuestos delitos que ocurrieron desde hace más de dos décadas, cuando presuntamente actuó en coordinación con los Cárteles del Golfo y de los Beltrán Leyva.

Según la investigación, esa cooperación permitió el envío de varias toneladas de cocaína a Estados Unidos. Asimismo, el ex priísta habría desviado 60 millones de pesos de dinero público en sus operaciones de delitos financieros. El gobierno de EU estima poder incautar más de 200 millones de dólares por las actividades ilícitas.

La moción de la fiscalía para posponer la fecha del juicio -previsto inicialmente para junio- no fue rebatida por la defensa del ex gobernador, liderada por el abogado público Carlos Monarrez, por lo que la juez la aprobó de forma inmediata e instruyó el cambio de fechas, posponiendo la selección del jurado popular en más de cuatro meses.

Hasta entonces, Yarrington Ruvalcaba seguirá detenido en una cárcel de Texas, libertad sin fianza que mantendrá a no ser que su defensa de oficio presente pruebas de que deba cambiar sus condiciones.

Ahí esperará la fecha de octubre en la que enfrentará cargos por 11 delitos, de los que se declaró “no culpable” el día después de llegar a territorio estadounidense tras su extradición desde Italia. Entre las acusaciones están la de extorsión, narcotráfico, fraude bancario y lavado de dinero.

Durante este tiempo se espera que haya al menos una vista judicial previa para analizar cualquier propuesta que tengan las partes implicadas. Incluso podría servir para que acusación y defensa llegaran a un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio, algo que no sería inusual y que ya ha sucedido en casos parecidos.

Si finalmente se celebrara el juicio y fuera declarado culpable, alguno de los delitos podrían acarrearle cadena perpetua y multas que superarían el millón de dólares.