Las carpetas de investigación por secuestro del fuero común iniciadas en cincos años y dos meses de la administración de Enrique Peña Nieto, superaron en 22% a las registradas durante el mismo periodo (De 2007 a febrero de 2012) del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Todo apunta a que antes de que concluya este sexenio se establecerá un récord en el número de plagios reportados por las 32 procuradurías y fiscalías del país, al contabilizar 6 mil 582 casos, frente a los 6 mil 584 de los seis años anteriores, una diferencia de sólo dos secuestros.

Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señalan que a pesar de reducir el número de carpetas en los primeros cinco años y dos meses de la presente administración al sumarlos se abrieron 6 mil 582 expedientes por este delito, mientras que en el mismo periodo del gobierno anterior se iniciaron 5 mil 386, una diferencia de mil 196 investigaciones, que incluyen una o más víctimas.

Los estados con mayor incidencia en lo que va del sexenio fueron Tamaulipas, con mil cuatro expedientes; Estado de México, 962; Veracruz, 676; Guerrero, 549; Tabasco, 449; Morelos, 382; Michoacán, 367; Ciudad de México, 265; Oaxaca, 194; Nuevo León.

El 2013 fue el año con más privaciones ilegales de la libertad reportadas con mil 688 carpetas de investigación. Le sigue 2014, con mil 396; 2017, mil 149; 2016, mil 131 y 2015, con mil 69. Hasta julio del año pasado, el gobierno federal había destinado 2 mil 268 millones de pesos para disminuir este delito en el país, siendo la región centro, integrada por la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo, la más beneficiada con 681 millones de pesos.

“Desde la federación se ha venido asignando todos estos años un suma de acuerdo a las necesidades de cada estado. El total nacional de recursos que se han asignado ha sido de 2 mil 268 millones de pesos, que se distribuyeron a las cinco regiones en las que se dividió el país”, dijo hace unos meses la titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), Patricia Bugarín Gutiérrez.

Señaló que hay un desequilibrio en los recursos que destinan la federación y los gobiernos estatales para atender este delito, que afecta principalmente a las entidades del noreste y sureste del país. Reveló que han detectado que en muchos casos donde se piden recursos, pasan los meses y no es utilizado por las autoridades estatales, lo que consideró grave que haya subejercicio en este tema.

Ha funcionado la coordinación. Sandra Aguirre, directora de la coordinación de Ministerios Públicos de la Unidad Especializada del Combate al Secuestro, resaltó que el trabajo entre las unidades antisecuestro en los estados ha logrado la reducción de este delito. “En Michoacán se ha reducido 70%, es uno de los mayores logros que presumimos en la entidad. Hemos salido de los primeros lugares como estado que tenía el índice más alto”.

En general, la coordinación entre las unidades estatales ha sido buena, aunque precisó que hay aspectos en éstas que se pueden mejorar, como aumentar la plantilla de trabajadores, así como incrementar la capacitación del personal.

Comentó que en las estrategias que se implementan para erradicar este ilícito existe una constante comunicación para identificar las necesidades de las unidades estatales, se les proporciona equipo como grabadoras para realizar las negociaciones y se envía al personal a cursos de capacitación en México y a otros países.

Para el investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Rodrigo Soto, la estrategia antisecuestro del gobierno federal y de los estados falló, por lo que consideró que quien gane la elección presidencial debe replantear el combate de los delitos que afectan a la sociedad.

Aseguró que las autoridades locales siguen “teniendo una dependencia parasitaria” de las instituciones de seguridad federales para atender los problemas de violencia. “Esto no puede seguir, la atención a la seguridad pública depende mucho de la policía local y el estar pidiendo que sea la autoridad federal la que tenga mayor incidencia en términos de seguridad local, es un error estratégico”.

Según Pablo Carstens Madero, especialista en el tema de secuestro, gran parte del problema en el tema de los secuestros en los últimos cinco años, es que no hay confianza en las policías estatales, debido a que algunos de los elementos que la integran están coludidos con los propios secuestradores.

“Para que pueda actuar una policía estatal se tiene que tener confianza, y en los estados hay poca, además de que no se cuentan con cuerpos que estén debidamente especializados para atender este delito. Hay policías en algunos estados que han hecho un buen trabajo, pero también hay que reconocer que algunas corporaciones estatales no han hecho nada o incluso, algunos policías están implicadas con los delincuentes”.

Entre algunas medidas que se podrían implementar para reducir el delito, está invertir en capacitación para la prevención, investigación y seguimiento, porque “el gran problema del secuestro no termina cuando la víctima es rescatada, sino que se debe de dar continuidad en el tema. En esto tiene gran relevancia las áreas de inteligencia y criminalística, que necesitan contar con todos las herramientas necesarias para actuar”.

El coordinador del programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado, refirió que el próximo gobierno deberá revisar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de plantear un nuevo esquema de combate a los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez, lamentó que “el secuestro se ha convertido en un problema sustancial” al pasar de 10 entidades a 28 con aumentos sustanciales.