La Procuraduría General de la República (PGR) tomó declaración a colaboradores del empresario Manuel Barreiro Castañeda, acusado de lavar dinero para comprar una nave industrial al candidato presidencial de la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Anaya Cortés, entre ellas, a su secretaria administrativa.

La dependencia aseguró las oficinas de la inmobiliaria Advance Real Estate, de la que Barreiro Castañeda fue socio director hasta 2017, como parte de las diligencias que se llevaban a cabo en la capital queretana.

Las oficinas inhabilitadas se ubican en el primer piso de un edificio de corporativos, localizado en la avenida Tecnológico Norte número 950, colonia San Pablo, en la ciudad de Querétaro.

Tras ser intervenidas por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, se prohibió el acceso a las mismas hasta “nuevo aviso”, comentó el encargado de la recepción en el edificio a EL UNIVERSAL.

En su página de internet www.advance-realestate.com, la desarrolladora inmobiliaria señala que opera desde 2007 en el centro de México, “donde ha creado múltiples proyectos industriales”.

Precisa que “destacadas firmas nacionales y extranjeras han encontrado en los parques [industriales] de Advance un lugar ideal para su desarrollo”.

Presume sociedad con un fondo estadounidense. Además, presume que en 2013 se asoció con el fondo estadounidense “Equity International, para respaldar su crecimiento y fortalecer su capacidad de ejecución y aprovechar la creciente demanda de espacios industriales en el centro de México, con el desarrollo de Business Parks y edificios industriales tradicionales [Build to Suit y edificios especulativos]”.

Ofrecía espacios a pequeñas y medianas empresas en parques industriales de Celaya, en el Parque Tecnológico Innovación de Querétaro, Advance Puerto Interior de Silao, Guanajuato; Parque Industrial Advance Querétaro, Parque Industrial Advance Guadalajara, Parque Industrial Advance el Marqués, BTS Röchling, Silao, entre otros.

La empresa de Barreiro Castañeda compraba terrenos de mínimo tres y máximo siete hectáreas para industria ligera, comercial y de servicios, dentro de la mancha urbana, zonas de fácil acceso y transporte público.

Se requieren mínimo 20 y máximo 100 hectáreas para desarrollar Parques Industriales dirigidos a empresas de mediano o gran tamaño, que estuvieran en la periferia de la ciudad, zonas industriales o a pie de carretera.

Compra terrenos. Según su sitio web, Advance Real Estate ha adquirido terrenos en la ciudad de Monterrey, en San Luis Potosí, en Cuautitlán-Tepotzotlán, Puebla, Toluca, Irapuato, Guadalajara, León y Aguascalientes.

“Si tienes algún terreno en venta que cumpla con los requisitos anteriores o representas a alguna compañía inmobiliaria, contáctanos para iniciar el proceso de evaluación de terreno”, señala la desarrolladora inmobiliaria a sus posibles clientes.

Añade la compañía: “La estrategia de Advance se centra en estos corredores industriales, donde desarrollamos proyectos industriales a lo largo de las ciudades más importantes de esta zona”.

Explica que en los últimos 10 años ha desarrollado más de 700 mil metros cuadrados en proyectos industriales en el país.

Según las autoridades, Advance Real Estate es dueña del Parque Tecnológico Innovación Querétaro, donde está ubicado el terreno que el aspirante panista a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, adquirió en 10 millones de pesos y luego revendió como nave industrial en 54 millones de pesos al empresario Manuel Barreiro Castañeda.

PGR cita a comparecer a Barreiro Castañeda. La semana pasada, la Procuraduría General de la República citó a comparecer Barreiro Castañeda para que explique la presunta red de lavado de dinero que encabezó para triangular más de 54 millones de pesos, con los que adquirió una nave industrial de la empresa Juniserra, propiedad de la familia del candidato de la coalición Por México al Frente, (conformada por PAN, PRD y MC), Ricardo Anaya Cortés.

Sin embargo, comentaron fuentes de la PGR, hasta el momento no se ha presentado ante el agente del Ministerio Público de la Federación que lleva el caso.

Cabe recordar que la dependencia solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) activar la alerta migratoria, para mantener vigilados los movimientos del empresario y evitar que abandone el país.