Un juez federal concedió una suspensión provisional a Manuel Barreiro Castañeda que impide a la Procuraduría General de la República determinar (consignar ante un juez y solicitar orden de aprehensión) la carpeta de investigación que se integra contra el empresario.

La PGR solicitó alerta migratoria para dar con el paradero del queretano, a quien investiga por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de una denuncia en la que se menciona que Barreiro trazó un esquema de triangulación para hacer llegar 54 millones del pesos al candidato a la Presidencia por la coalición 'México al Frente', Ricardo Anaya.

Ayer, la PGR informó que el pasado 26 de octubre recibió una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de lo cual se inició carpeta de investigación.

Autoridades federales revelaron que el caso guarda relación con el queretano Manuel Barreiro Castañeda, quien de acuerdo con señalamientos del abogado Joaquín Xamán McGregor, dos de los ex trabajadores del empresario participaron en el esquema de triangulación para hacer llegar recursos a Anaya.

Hoy, Patricio Leopoldo Vargas, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional al empresario, éste último quien afirmó en su demanda de garantías que pidió el pasado 14 de febrero información la PGR para conocer que estatus tiene en la carpeta de investigación PGR/UEIORPIFAM/979/2017; sin embargo, no obtuvo respuesta.

La suspensión de amparo beneficia a Barreiro Castañeda y a otras personas que no se mencionan públicamente en el acuerdo de hoy, pero que son representadas por el empresario.


"Se concede la suspensión provisional para que en caso de que efectivamente tengan la calidad de imputados, en la carpeta de investigación (mencionada) o cualquier otra, la autoridad ministerial responsable no las determinen por cuanto hace a los quejosos, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público; ello, hasta que se resuelva la suspensión definitiva".

La medida cautelar, indica el acuerdo, no implica la paralización de la facultad de investigación del Ministerio Público Federal y consecuente integración de la carpeta.

"Lo anterior, con la finalidad de evitar perjuicios de imposible reparación a los justiciables, quienes podrían verse afectados en su derecho de defensa, en el caso de que las autoridades ministeriales determinen ejercer acción penal en su contra, caso en el cual, quedaría irreparablemente consumada la violación procesal, al cambiar necesariamente la situación jurídica de la agraviada, haciendo improcedente el juicio de amparo".

El miércoles pasado, la PGR dio a conocer a través de un comunicado que el agente del Ministerio Público de la Federación ha realizado diversas diligencias, como cateos, solicitud de alertas migratorias, así como, bajo el principio de lealtad del Sistema Penal Acusatorio, y citó a diversas personas, quienes acudieron a rendir su declaración.

"Dos de las personas citadas solicitaron se les aplique alguna de las figuras jurídicas nuevas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales".

Las autoridades federales consultadas aseguraron que estas personas son Alberto "N" y Daniel "N", quienes presuntamente fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, esto último que se conoció por declaraciones del abogado Joaquín Xamán.

La PGR mencionó que se encuentra "realizando el análisis de la petición bajo el criterio de objetividad, sin discriminación y evaluando las circunstancias especiales del caso, para estar en condiciones de resolver si son acreedores a que les sea autorizada la aplicación de la figura jurídica solicitada, lo anterior de conformidad con los parámetros previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales".

Los funcionarios consultados dejaron claro que el objetivo de este caso es dar con el paradero del empresario Manuel Barreiro, de quien se presume tiene tres empresas en México y dos en Canadá, y en un paraíso fiscal.

En el juicio de garantías, el empresario señala la existencia de otras carpetas de investigación: PGR/SEIDO/UEIDCS/342/2015, PGR/SEIDO/UEIDMS/021/2017 y PGR/UEIORPIFAM/1009/2017.