El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior.

La impugnación, dijo, es “no sólo por la invasión de la soberanía estatal, sino por la vulneración de principios fundamentales”, como justicia y Derechos Humanos.

“Vulnera la autonomía presupuestal de las entidades federativas, pone en serio riesgo el sistema de derechos humanos, la democracia, el acceso a la información, del que no debemos permitir en modo alguno un ápice de regresión”, agregó Corral, de acuerdo con un reporte de Reforma.

El mandatario estatal también señaló que la Ley de Seguridad Interior coloca a las Fuerzas Armadas en una función para la que no fueron creadas, que es las tareas de seguridad pública.

“Si ya las Fuerzas Armadas van a realizar la labor (de seguridad pública), pues toda la apuesta por un nuevo modelo óptimo de la función policial va a quedar atrás, se constituye, en términos reales, en un desincentivo a la profesionalización”, dijo.

El pasado 21 de diciembre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley de Seguridad Interior.

En esa ley se establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a “la amenaza”.

Aunque la promulgó, el presidente Peña Nieto dijo que no la utilizaría, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Organizaciones nacionales e internacionales han criticado que la Ley de Seguridad Interior vulnera los derechos humanos, que le quita autonomía a los estados, y que no fomenta el desarrollo de mejores policías en el país, sino al contrario, relega la seguridad pública en las fuerzas armadas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, legisladores y el partido Movimiento Ciudadano, entre otros, han presentado también controversias constitucionales contra la Ley de Seguridad Interior.