La disputa territorial entre grupos del crimen organizado mantiene asoladas a Tecomán, Chilapa, Manzanillo, Los Cabos, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Tijuana y Chilpancingo, las ciudades más violentas del país.En estas localidades, además de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Cancún, Quintana Roo, el gobierno federal centró el operativo Escudo Titán, para capturar a los generadores de la violencia, que el año pasado llegó a niveles históricos, y así disminuir los índices delictivos.

El último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a Tecomán, Colima, en el primer lugar en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 181, seguido de Chilapa, Guerrero, con 136.2; Manzanillo, 120.2; Los Cabos, 110.1; Acapulco, 102.8; Ixtapa Zihuatanejo, 102.5; y Tijuana, con 98.5.

En términos absolutos, Tijuana lidera este grupo con más carpetas de investigación por asesinatos intencionales en 2017, al registrar mil 618. Después están Acapulco, con 834; Los Cabos, 317; Chilpancingo, 260; Tecomán, 223; Manzanillo, 222; Chilapa, 117; Navolato, 142; Ixtapa-Zihuatanejo, 128; Apatzingán, 112.

Los expedientes por asesinato acumulados sólo en Tijuana son más que los integrados en conjunto en los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala.

Guerra entre bandas

Los municipios de Tecomán, el puerto de Manzanillo y Colima padecen el enfrentamiento frontal entre células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por el control de territorios estratégicos para el trasiego de drogas y de precursores químicos, éstos últimos provenientes de Asia.

De acuerdo con autoridades locales, el Cártel de Sinaloa anunció su llegada a la entidad en 2015 y advirtió una “limpia” de extorsionadores, secuestradores y asaltantes, lo que elevó desde ese año los niveles de violencia en las mencionadas ciudades.

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, afirmó que al puerto de Manzanillo llegan, procedentes de Asia, los precursores químicos que se utilizan para la producción del fentanilo, un opioide con alta demanda en Estados Unidos.

“Eso ha generado que el puerto de Manzanillo se convierta en un espacio de disputa en el mercado salvaje, que es el mercado de las drogas, en el que los incumplimientos contractuales se dirimen a balazos”, dijo.

Las condiciones para la siembra, cultivo y cosecha de amapola hacen de Chilapa, Guerrero, un municipio atractivo para las organizaciones criminales. Según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, Los Rojos y Los Ardillos pelean por el dominio de esta localidad enclavada en la montaña baja.

El puerto de Acapulco concentra 80% de los homicidios en Guerrero, entidad considerada la más violenta del país en términos absolutos, con 2 mil 318 carpetas de investigación en 2017 por ese delito de alto impacto.

En esa zona, células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva luchan por la venta de droga, secuestro y extorsión en Acapulco, una de las ciudades que el gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no visitar por los altos niveles de violencia.

Las muertes violentas alcanzadas el año pasado en Tijuana son atribuidas por autoridades federales y estatales al sangriento combate entre el Cártel de Tijuana, en alianza con Jalisco Nueva Generación, contra el de Sinaloa.

Las autoridades integrantes del Grupo de Coordinación Baja California responsabilizan a José Luis Mendoza Uriarte, El Güero Chompa¸ del Cártel de Sinaloa; Juan José Pérez Vargas, El Piolín, del CJNG; Édgar Alejandro Herrera Pardo, El Caimán, de esa misma organización, de la guerra por el control de territorios para la venta y tráfico de drogas al menudeo.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyas mesas de seguridad se convirtieron en modelo en el país, repuntó la violencia debido, según la Fiscalía General del Estado, a los reacomodos de la pandilla Los Aztecas, el brazo armado del Cártel de Juárez.

La masacre de 14 personas en un centro de rehabilitación en la ciudad fronteriza con el Paso, Texas, sacudió al estado y al país en septiembre de 2017. Los hechos fueron atribuidos a un ajuste de cuentas del Cártel de Juárez.

Operativo a corto plazo

Para el experto en materia de seguridad, Alejandro Hope, el despliegue de más de cinco mil agentes de las policías Federal y Ministerial de la PGR reducirá en un corto plazo los homicidios dolosos en las ciudades más violentas del país.

Consideró que esta baja no se sostendrá a mediano plazo porque en algún momento serán movilizados para atender otras zonas afectadas también por la violencia.

“Concentrar elementos de la Policía Federal en localidades específicas tiene, en efecto, un impacto sobre el número de homicidios. Eso se ha visto en muchos lados y en estos momentos, no sorprende, pero el problema es de sustentabilidad a largo plazo”, comentó.

Los criminales, refirió, se adaptan a la mayor presencia de fuerzas federales en las localidades donde operan, las cuales son insuficientes.

Insistió en que la estrategia anticrimen debe centrarse en cómo generar condiciones desde lo local, cómo hacer para que los gobiernos estatales y municipales se hagan cargo de su problema, algo que, dijo, “no es sencillo”.

Hope señaló que si no hay una presencia sostenida de las fuerzas federales, difícilmente se reducirá la violencia.

Jorge Alberto Pérez Lara, académico de la Universidad Panamericana, ve la operación, integrada por grupos especiales para cumplimentar órdenes de aprehensión federales pendientes, como una estrategia de prevención en lugares con altos índices de homicidio doloso.

“Desde la reforma constitucional de 2008 se estableció el concepto de investigación para la prevención, que es utilizar la inteligencia para conocer los patrones delincuenciales y los riesgos de alto calado, como pueden ser, precisamente, la excesiva violencia, como los homicidios dolosos en el contexto del crimen organizado”, expuso.

El abogado celebró que se hagan avances en materia preventiva, algo que, dijo, es el “gran pendiente en el país, no solamente en temas de violencia, sino en todas las vertientes del tema de seguridad”.

Lamentó que se den a conocer resultados apenas a unos días de iniciado el operativo, puesto que las observaciones y estadísticas que se hagan pueden no ser del todo “pertinentes”.

El académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), José Fernández de Ceballos y Torres, consideró que desde hace mucho tiempo la PGR debió haber implementado acciones para ejecutar las 22 mil órdenes de aprehensión federales que tiene pendientes y que depurará durante el despliegue federal iniciado el lunes pasado.

El operativo tendrá un impacto positivo en la reducción de la violencia, afirma; sin embargo, cuestionó por qué hasta ahora las autoridades implementaron una estrategia para cumplir con los mandatos judiciales pendientes.

Dijo que “acumular ese número de órdenes de aprehensión para después movilizar cuerpos policiacos, yo creo que andamos mal y eso lo debieron hacer desde hace mucho tiempo”.