El secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, reiteró el compromiso del gobierno de la República con la legalidad y la democracia, por lo que se acatará la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto para evitar que se haga mal uso de los programas sociales en el proceso electoral del presente año.

En el marco de la firma del Adendum para coordinar acciones y estrategias de apoyo en materia de blindaje electoral, dijo que se hará efectivo dicho procedimiento “en todas nuestras delegaciones, en nuestros programas, en cada comedor comunitario, estancia infantil, lechería o tienda rural”.

Ante el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y Encargado de Despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán; la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz Santana, y el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, como testigo de la firma, el secretario Eviel Pérez Magaña destacó la importancia de dicho instrumento y su esfuerzo interinstitucional para garantizar la aplicación transparente e imparcial de los recursos públicos.

“Para nosotros, en la Secretaría de Desarrollo Social, el blindaje electoral es un tema que nos tomamos muy en serio, porque es una obligación normativa y por la cercanía que tenemos con diversos sectores de la población en todo el territorio nacional”, señaló.

Al afirmar que los comicios del 2018 serán los más complejos en la historia de México, el responsable de la política social del país destacó que desde hace dos décadas la alternancia y la pluralidad forman parte de nuestra realidad política. “Hoy México se construye con la participación de muchas voces y eso nos fortalece como sociedad y enriquece nuestro proyecto de nación”, puntualizó.

Estamos obligados, dijo, “a cuidar estos avances democráticos, y de ahí la importancia de los esfuerzos que realizamos para que el proceso electoral de este año sea un acontecimiento ejemplar, transparente y apegado a Derecho. Por ello, celebro que nos hayamos reunido aquí para firmar este Adendum al Convenio de Colaboración con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Fepade”.

A su vez, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, destacó el compromiso para fortalecer la participación de la Contraloría Social en la vigilancia de recursos públicos etiquetados para programas federales de desarrollo social. La Contraloría Social, explicó, es un mecanismo de colaboración ciudadana, en el que los beneficiarios de dichos programas monitorean el uso de los recursos.

En ese marco, convocó a ciudadanos, medios de comunicación y a la sociedad civil a participar en la vigilancia de la correcta utilización del dinero público y a utilizar los mecanismos de denuncia, en caso de un fin distinto a los programas de desarrollo social.

Durante 2017, informó, dependencias de la Administración Pública Federal tenían constituidos más de 78 mil comités de Contraloría Social en 34 mil localidades de las 32 entidades federativas.

En su oportunidad, el fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz Santana, puntualizó que con este documento “queremos que los nexos entre instituciones y democracia aseguren y garanticen la equidad en la contienda electoral, una democracia de calidad, fundada en el respeto a las reglas, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”.

Dijo que este blindaje electoral permitirá que las instituciones ofrezcan certeza a la sociedad y que los recursos públicos mantengan su ruta original que es: ofrecer bienes públicos y servicios para atender las necesidades de los grupos sociales en condición de vulnerabilidad.

Por su parte, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que el Adendum “es una buena noticia para la equidad y el desarrollo del proceso electoral más grande que hayamos vivido en nuestra historia democrática”.

Lo que subyace en este instrumento, dijo, es un compromiso público de las instituciones firmantes para impedir que los servidores públicos se beneficien electoralmente de su acceso a los recursos del Estado y evitar que los programas sociales se conviertan en una fachada para encubrir intereses partidistas o personales.

Córdoba Vianello resaltó que las reglas del juego democrático establecen roles diferenciados para las autoridades gubernamentales, las instituciones electorales, los partidos y contendientes, así como para organizaciones de la sociedad y la ciudadanía.

El objetivo de este instrumento es garantizar la absoluta imparcialidad en el uso de los recursos públicos durante los comicios que se realizarán en toda la República.

Cabe señalar que el documento firmado en las instalaciones de la Sedesol, incluye acciones de vigilancia y supervisión encaminadas a que ninguna persona condicione la entrega de recursos y apoyos a cambio del voto, el acompañamiento en el resguardo de inmuebles y parque vehicular los días previos a la jornada electoral, así como las acciones de capacitación en materia de blindaje electoral y causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Dichas acciones están orientadas a fomentar la cultura de la legalidad, la prevención del delito y el combate a la corrupción.